EFE/B.P.
La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentó el
viernes al Consejo de Ministros la revisión de las concesiones de
uso del dominio público que se encuentran caducadas o en
condiciones irregulares, en especial a Balears. El objetivo del
informe es la preservación y restauración del litoral así como la
potenciación del uso público del dominio marítimo-terrestre.
Tal y como adelantó Ultima Hora en enero, Medio Ambiente ha iniciado los trámites para que un equipo de técnicos de topografía determinen el número exacto y la localización de las fincas que incumplen la Ley de Costas, que, según las primeras estimaciones, serían unas 90, en Mallorca. Esta medida es la consecuencia de la denuncia presentada por el dirigente del Lobby per la Independència, Jaume Sastre, contra la piscina de Costa de los Pinos que usufructúa Pedro J. Ramírez. Además de la zona de Son Servera, el plan prevé actuaciones en el litoral de Calvià y Formentor.
Según señaló la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se trata de controlar las actuaciones de los últimos años, «que han ido más allá de lo que es razonable desde el punto de vista urbanístico». El estudio técnico comprobará el estado de conservación de embarcaderos, terrazas, piscinas y otras construcciones situadas en la costa en virtud de las concesiones otorgadas antes y después de la Ley de 1988.
Algunas de estas construcciones «son de uso exclusivo de los particulares, que disfrutan de los privilegios en un dominio público».
La demanda de Jaume Sastre que ha dado lugar a estas actuaciones se encuentra en estos momentos en el Tribunal Superior de Balears, que ha exigido a la administración que facilite el expediente de la concesión de la piscina de uso público y gratuito que «gestionan», en nombre de la concesionaria, Pedro J. Ramírez y su compañera sentimental, Agatha Ruiz de la Prada. La cadena Ser informó hace una semana que Pedro J. Ramírez pretende la reconversión de la concesión en una de uso privado y el director de «El Mundo» alega motivos de seguridad. Fuentes de Delegación del Gobierno aseguran que el periodista no ha pedido nunca protección adicional.