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El juez absuelve al acusado de cerrar el paso a Cala Saladeta

El Ministerio Fiscal recurre la sentencia que exculpa al propietario de la finca de Es Torrent de sa Perdiu de un delito de usurpación

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El Juzgado de lo Penal número dos de Eivissa ha absuelto al acusado de cerrar con vallas y cadenas el paso de acceso a Cala Saladeta. Según ha podido saber este periódico, la sentencia exculpa a J.R.A., propietario de la finca es Torrent de sa Perdiu, de la comisión de un delito de usurpación. El abogado de la defensa expresó a este periódico su «satisfacción» por la resolución judicial, aunque no quiso entrar en más detalles.

El Ministerio Fiscal, que rebajó sus pretensiones iniciales a la solicitud de una multa de seis meses a razón de 180 euros diarios, ha recurrido la sentencia. Inicialmente, el fiscal pedía una pena de un año y seis meses de prisión al acusado por apoderarse supuestamente de parte del dominio público de la costa, bloqueando el acceso a la playa mediante la colocación de vallas y la prolongación de un muro de finca. En el juicio, celebrado en enero de este año, el fiscal retiró la petición de pena de prisión al no poder comprobar la existencia de un delito contra la ordenación del territorio.

Los hechos se remontan a 2001, cuando J.R.A compró la finca de es Torrent de sa Perdiu por más de 1,3 millones de euros a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Posteriormente, numerosos vecinos de Sant Antoni, asiduos de la playa de Cala Saladeta, denunciaron verbalmente en el Ayuntamiento de Sant Antoni la imposibilidad de acceder a la playa por el camino de siempre. La única manera de llegar hasta la playa era bordeando el acantilado con el peligro que ello suponía.

El Ayuntamiento comprobó luego que el camino de acceso a la playa se había cerrado con una cadena y la prolongación del muro existente.

El jefe de la Demarcación de Costas, Víctor Torres, reconoció en el juicio que el expediente sancionador abierto contra el propietario de la finca caducó. La defensa solicitó entonces la absolución del acusado por no ser un caso propio para resolver por la vía penal y señaló que lo más habitual sería llevarlo por la vía administrativa. Ésta también destacó el poco interés demostrado por la Demarcación de Costas al dejar caducar el expediente.

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