Entre los motivos de las denuncias figura que al darle de alta a la Seguridad Social se le descuenta la cotización con lo que se producen circunstancias como que «el trabajador cobrara más dinero sin papeles que una vez legalizado» ya que en un caso de una empleada del servicio doméstico ha pasado de recibir 600 euros a la cantidad de 450 euros.
En otro de los casos el trabajador se ha encontrado con la negativa del empresario a darle de alta cuando antes había presentado la documentación en la Tesorería o , incluso, la retención de las cartas en las que se le notificaba la concesión de los permisos. Esta situación ha supuesto que se estén efectuando varias reclamaciones por despidos improcedentes de varios trabajadores .
La Plataforma por la Convivencia dio a conocer recientemente las dificultades del proceso al dejarlo en manos de los empresarios, ya que son éstos los que tenían que realizar la oferta de trabajo para regularizarse. La Plataforma detectó casos de empresarios en el sector de la construcción que no daban de alta a los trabajadores con los que se comprometieron al cesar su actividad.
Asimismo también se han registrado dificultades en las notificaciones que no llegan a su destinatario, pese a que el proceso de normalización finalizó en febrero y, además, hay una gran cantidad de cartas que son devueltas a Extranjería de Palma, tanto de Eivissa como de Mallorca.
El número de solicitudes recibidas en Eivissa y Formentera, en este proceso extraordinario de normalización, fue de 3.661.