Un reciente informe realizado por el Govern y que servirá para negociar el traspaso de las competencias de Justicia a la Comunitat Autónoma revela graves carencias en los recursos judiciales de Balears. El informe cuantifica las necesidades económicas que harían falta para poner al día los medios judiciales de Balears y concreta, una por una, todas las carencias existentes. El Govern concluye en su informe que existen muchos «puntos negros» en los actuales recursos judiciales de Balears y ante esta situación tiene previsto presentar un listado de peticiones en la reunión de la ponencia técnica que analizará el traspaso de las competencias a la Comunitat Autònoma. Dicha reunión aún no ha sido convocada, pero desde el gabinete autonómico son pesimistas sobre las posibilidades de conseguir una importante dotación económica por parte del Ministerio de Justicia con el fin de poner al día los edificios judiciales existentes en Balears. El gran objetivo del Govern es poder asumir el dinero suficiente para construir otro palacio de justicia, y nuevos juzgados en Menorca y Eivissa. Una de las mayores necesidades es construir un palacio de justicia para ubicar la Audiencia Provincial. El estado de estos juzgados ha sido calificado «preocupante» en este informe previo a la negociación de las competencias judiciales. En las actuales circunstancias, el Govern reclamará más dinero para poder actualizar estos juzgados.
Entre otras deficiencias, los técnicos del Ejecutivo balear han detectado que los jueces no disponen prácticamente de espacio físico para desempeñar su trabajo con comodidad. Las salas donde se celebran los juicios están desfasadas y los medios informáticos, muy anticuados.
Pocos meses después de la victoria socialista en el Gobierno central, el president Matas pidió formalmente al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el inicio de las negociaciones de las competencias judiciales. Matas entregó un documento elaborado por el Govern en el que se enumeraban las necesidades en Balears con el fin de actualizar las infraestructuras gestionadas por el Ministerio de Justicia.
Por su parte, la vicepresidenta del Govern, Rosa Estarás, ha remitido varias cartas al departamento que dirige el ministro Juan José López Aguilar instándole a iniciar las negociaciones de las competencias para que sean asumidas por la Comunitat Autònoma. En varias ocasiones, Estarás ha cuestionado el escaso interés del Ministerio de Justicia en negociar estas competencias, mientras el propio López Aguilar reconoció dificultades económicas para el traspaso de Justicia a la Comunitat Autònoma.
Ponencia técnica. La vicepresidenta Rosa Estarás ha solicitado de nuevo la convocatoria de una reunión de la ponencia técnica para poner sobre la mesa las necesidades del Govern para asumir las competencias judiciales. Esta reunión sirve para preparar la negociación política.
Fiscalía. El Govern ha tenido que ceder un edificio al Ministerio de Justicia para poder ubicar la Fiscalía de Balears. Los fiscales tenían que compartir despachos por falta de espacio y el fiscal jefe, Bartomeu Barceló, pidió ayuda a Estarás. La vicepresidenta destacó el gran esfuerzo del Govern.
Oficinas judiciales. El Govern apoya la creación en Palma, como experiencia piloto, de las oficinas judiciales, que tienen como principal objetivo agilizar la gestión judicial. Un alto funcionario del Govern acudió al Ministerio de Justicia para escuchar la propuesta de las oficinas judiciales.
Competencias. El actual Estatut d'Autonomia recoge la posibilidad de que el Govern asuma las competencias judiciales para su gestión directa. Algunas comunidades autónomas ya gestionan las competencias judiciales mientras desde Madrid asumen la faltan de medios económicos.