Los propietarios del bloque de apartamentos Residencial Vista Alegre rehusaron en agosto echar abajo la fachada del edificio, que amenazaba con ceder de un momento a otro, según el informe de la empresa de geotecnia JOLSA, porque el inmueble incumple la Ley de Costas. Este edificio se terminó de construir en 1987, justo un año antes de la aprobación de la citada normativa, que determina que en suelo urbano, como es el caso, las viviendas deben estar como mínimo a 20 metros de la línea de costa. El edificio, en cambio, se construyó pegado a este límite.
El concejal de Urbanismo de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Reganes, señaló hace unos días a este periódico que la propiedad de este inmueble se negó a demoler la parte dañada del edificio para evitar luego problemas con Costas a la hora de reconstruirlo. El abogado del Residencial, Josep Lluís Ríos, quien además dirigirá las tareas de consolidación de la ladera de la montaña, confirmó ayer que los propietarios «plantearon principalmente el problema de la ley de Costas» para evitar el derrumbe de la parte más maltrecha del edificio. Al parecer, el derrumbe provocado por el corrimiento de tierra del pasado fin de semana ha dañado otras partes de la estructura que se podrían haber salvado con la intervención de cirugía que propuso JOLSA.
Ríos trató de convencer a la propiedad del inmueble de que el problema con Costas se podía solucionar si se llegaba a un acuerdo con la sociedad Nordaker Internacional S.L, titular de la parcela de 8.000 metros colindante donde se proyecta la construcción de 24 viviendas adosadas. «Se podía planificar una fórmula para recular 20 metros y listo», sostiene el letrado de la propiedad del inmueble, que, para demostrar que se puede lograr un acuerdo, recuerda que el proyecto de consolidación de la ladera debe hacerse entre todos. «El Residencial también contribuirá proporcionalmente al proyecto que se deba ejecutar para que Nordaker pueda construir sus viviendas», asegura Ríos.