La Fiscalía ha solicitado de nuevo al juez del Juzgado de instrucción número 1 de Eivissa que preste declaración al músico rumano Michel Cretu, como promotor de la mansión ilegal que corona una cima en Santa Agnès, así como al director de la obra en calidad de imputados por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente. Se trata de la tercera vez que el fiscal pide la imputación de Cretu, aunque el juez sigue sin resolver dicha petición.
El fiscal solicitó hace más de un año por primera vez la imputación del promotor y director de la obra. Sin embargo, el juez descartó llamar a declarar a nadie hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) se pronunciara sobre la petición de legalización cursada por la defensa del músico y el Ayuntamiento de Sant Antoni. Cretu solicitó al TSJ la legalización del inmueble al amparo de la amnistía aprobada por el Parlament balear en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2004. El fiscal volvió a formular hace unos meses la misma petición, que ahora repite por tercera vez, después de que la instancia superior de Justicia en Balears haya desestimado la petición de legalización de la casa.
El TSJ ratificó hace una semana que la mansión de Cretu es ilegalizable, confirmando así el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Palma hace un año referente a la demolición del inmueble. Entonces se fijó un plazo de 18 meses. Baloo Music, promotora de la obra, y el Ayuntamiento de Sant Antoni, que se encuentran de nuevo en una situación muy difícil, estudian la posibilidad de presentar otro recurso ante el Supremo. Como hay un plazo de 10 días hábiles, el plazo para la presentación de un recurso, si cabe, acaba el jueves. El alcalde de Sant Antoni, José Sala, indicó ayer que los servicios jurídicos del Ayuntamiento aún no han tomado una decisión.
El TSJ niega a Cretu la posibilidad de acogerse a la amnistía aprobada por el Parlament balear, y eso es precisamente lo que más critica de la sentencia Jaume Roig, abogado de Michel Cretu. Roig lamenta que los jueces no den al Ayuntamiento la posibilidad de manifestarse sobre la legalidad de la vivienda, que, recuerda, es «la administración a la que le compete». «Se está castrando la posibilidad de pedir la legalización de la vivienda en base a una ley cuyo contenido lo ampara», dijo Roig poco después de conocer el contenido de la sentencia, y que, según dijo, baraja incluso la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional.