El Ayuntamiento de Sant Josep admite que la actuación del arquitecto municipal, Antonio Huerta, es «éticamente reprobable si se demuestra que la arquitecta Pilar Fernández es su nuera». En estos términos se manifiesta el edil de Urbanismo, Josep Marí Ribas, Reganes, que reconoce que «la situación ha cambiado», en referencia a la petición inicial del GEN de suspender al arquitecto municipal por las obras ilegales de Cala Molí, cuya autora del proyecto es Fernández. En este caso, fue el aparejador municipal, y no Huerta, quien informó la licencia.
Ahora, en cambio, se ha sabido que Huerta informó a favor de un recurso presentado por Fernández para que se levantara la suspensión de la construcción de una urbanización en Cala Carbó, que, según el GEN, se excede el doble de lo que permite la normativa y la licencia. Marí Ribas asegura que desconoce si este asunto (la supuesta vinculación familiar) puede tener «una incidencia judicial», a lo que añade que «no sabía que la autora del proyecto fuera la nuera del arquitecto». En todo caso, la Fiscalía ha pedido al Juzgado, en la instrucción del caso Cala Molí, que confirme el vínculo familiar de los dos técnicos. Otras fuentes municipales sí reconocen, en cambio, la exitencia del lazo familiar.
Por su parte, el portavoz del Pacte, Josep Marí Ribas, Agustinet, mantiene que estos hechos «confirman que en el Ayuntamiento existe una connivencia muy peligrosa entre técnicos y promotores urbanísticos». Desconoce hasta qué punto este asunto es ilegal, aunque apunta que «éticamente es reprobable». «Tenemos la sospecha de que un porcentaje alto de los proyectos que se presentan en el Ayuntamiento tienen algo que ver con los mismos técnicos municipales, lo cual es muy lamentable, aparte de que los ciudadanos saben que si quieren acelerar sus proyectos les conviene pasar por según qué despachos», dice Marí Ribas, que entiende que el Ayuntamiento debería abrir una investigación y apunta que en el caso de que legalmente sea punible presentarán una denuncia en los Juzgados. De todos modos, el portavoz del Pacte opina que lo más correcto sería que actuara el Ayuntamiento para evitar «la judicialización de la vida política».