La Fiscalía ha pedido al juez la imputación del arquitecto de Sant Josep, Antonio Huerta, por el caso de la urbanización de ses Serretes, en Cala Carbó, denunciada por el Grup d'Estudis de la Naturalesa. El fiscal de medio ambiente, Manuel Campoy, cursó antes de su cese una petición al Juzgado para que Huerta declare como imputado por un supuesto delito contra la ordenación del territorio, el medio ambiente, tráfico de influencias, prevaricación e incompatibilidad de funcionarios. El fiscal también ha pedido al juez que reclame la documentación sobre el 'caso Huerta' al Colegio Oficial de Arquitectos y que le ofrezca la posibilidad de personarse en la causa.
Se da la circunstancia de que la arquitecta de esta obra es Pilar Fernández, nuera de Huerta, y que, además, esta obra fue paralizada en verano a raíz de una denuncia presentada por el Pacte. Fernández presentó entonces un escrito al Consistorio argumentando que las obras denunciadas eran legales y Huerta emitió informe favorable para el levantamiento de la suspensión. El Pacte denunciaba la existencia de una planta de más, pero la arquitecta justificaba que esta altura se debía a la necesidad de instalar vigas de atado entre los diferentes planos o bancales de apoyo a causa de la fuerte pendiente.
Por su parte, el GEN denunció ante Fiscalía que, aparte de la supuesta intervención irregular del arquitecto municipal, la urbanización denunciada se ubica en dos parcelas que, según el Estudio de Detalle, permite la construcción de un total de 14 y 6 viviendas, respectivamente. Sin embargo, en una de ellas ( en la que sólo se podían autorizar seis viviendas), con una superficie de 4.860 metros cuadrados, el Ayuntamiento concedió una licencia para 14 apartamentos, ocho dúplex, tres estudios y una piscina, lo cual, según el GEN, «duplica la densidad máxima permitida por la normativa municipal de una vivienda por cada 500 metros de parcela».