EUGENIO RODRÍGUEZ
La consellera d'Obres Públiques, Mabel Cabrer, aseguró ayer que la administración ha abonado «2,5 millones de euros» (415 millones de pesetas) a los propietarios de Ca na Palleva. Se entiende que se incluyen las cuatro fincas y viviendas. «Es una cifra razonable a precio de mercado», dijo Cabrer ayer en Menorca. La consellera dijo, eso sí, que «comprendía» que los expropiados «no estuvieran de acuerdo».
Francisco Ramon, propietario de la casa payesa derribada el miércoles, pone en duda que la cifra real se acerque a la dada por la consellera. En concreto, Ramon indicó que él percibirá 400.000 euros (66,4 millones de pesetas) por la vivienda y el terreno expropiado. Ramon apunta, además, que la finca (vivienda incluida) con un valor más alto de las cuatro ascendía a 642.000 euros aproximadamente (107 millones de pesetas), por lo que, según él, «difícilmente se puede llegar a los 2,5 millones de euros». En todo caso, Ramon solicitó ayer a través del registro del Consell el traspaso a su cuenta bancaria del depósito previo asignado por la administración por su casa y terreno.
Por otra parte, el juez del Juzgado de Instrucción número 4, Santiago Pinsach, dictó hace dos días un auto por el que denegaba la paralización de las obras en la finca de la casa payesa de Ca na Palleva, a petición del abogado de la propiedad para evitar, así, la demolición de las viviendas. Este juez ha abierto diligencias por un supuesto delito de falsedad documental en la notificación por parte de la Conselleria d'Obres Públiques de la orden de desahucio de la casa payesa. En este auto, el juez tiene en cuenta que, aunque existen «notorias irregularidades administrativas», no se ha privado a la propiedad, «al menos flagrantemente», de sus derechos de audiencia al estar presente en el lugar a la hora señalada por la administración para tramitar las actas previas de ocupación. Recuerda, además, que el TSJ ha denegado reiteradamente las solicitudes de suspensión cautelar de las obras. Por ello, deniega la medida cautelar sin perjuicio de reconsiderarla posteriormente en función de las alegaciones que presenten las partes.
De todos modos, el juez coincide con la parte denunciante en la existencia de irregularidades en el expediente de expropiación de las tres fincas de Ca na Palleva, que se concretan en «la ausencia de la debida formalización de las actas previas de ocupación cuya extensión se referiría a 13.000 metros cuadrados y tres casas unifamiliares], si bien con frágil cobertura o subsanación representada por un acta de ocupación temporal de 1.590 metros y en ausencia de la debida descripción de bienes a que obliga la ley». En atención a ello, prosigue el auto, «parece evidente que la actuación administrativa podía haber sido otra, considerando la relevancia de los derechos de los expropiados, y no es sobrero preguntarse cómo puede ocurrir algo semejante en un Estado de Derecho, regido por los principios de seguridad públicos, y en el que la Administración Pública debería servir los intereses generales, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho».