E. RODRÍGUEZ
Los vecinos denunciantes de la Carpintería Alba, situada en el kilómetro 5 de la carretera de Sant Josep, se plantean ahora pedir el pago de una indemnización al Ayuntamiento de Sant Josep por las molestias sufridas por la actividad de esta empresa que ha funcionado sin licencia desde los años 90 hasta el pasado mes de marzo. El Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa ha condenado a su propietario, Francisco Alba, a una pena de ocho meses de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 euros a cada uno de los seis denunciantes por un delito de desobediencia al incumplir la orden de cese de la actividad dada por el Consistorio.
Los denunciantes, según su abogado, Eduard Clavell, dan por «buena» la sentencia, aunque lamentan que llegue tarde puesto que el negocio ya está legalizado. Por otra parte, entienden que la sentencia da pie a pedir el pago de una indemnización al Ayuntamiento de Sant Josep. El abogado solicitó al juez que el propietario de la Carpintería Alba pagase una indemnización de 45.000 euros a cada uno de sus defendidos por las molestias sufridas por la actividad de su empresa, pero finalmente ha quedado en 3.000 euros. En este sentido, la sentencia establece que «el hecho de que ciertamente a partir del año 2001 el Ayuntamiento no prosiguiera con su requerimiento [el precinto] para acabar finalmente autorizando la actividad no puede más que traducirse en una disminución de la indemnización solicitada». En eso se basa la defensa de los vecinos para poder reclamar también responsabilidades al Consistorio.
En todo caso, Clavell apunta que «el objetivo principal es que no haya actividad empresarial, ni siquiera el edificio», legalizado por el Consistorio en marzo. Los vecinos han recurrido el acuerdo de legalización del negocio y están a la espera de la respuesta que dé el Consistorio a «los errores» detectados en el expediente. «Queremos actuar de buena fe y pensar que son errores, pero si no es así exigiremos responsabilidades penales», apunta. El letrado cree que podrían pedir responsabilidades penales por un supuesto «delito de prevaricación o falsedad documental».