B. ROSELLÓ
El conseller balear de Comerç, Energia i Industria, José Juan Cardona, presentó ayer la propuesta de modificación del proyecto de ley municipal y de régimen local de Balears por la que se prevé financiar, a través de un nuevo impuesto a los ciudadanos, el soterramiento de las líneas eléctricas en suelo rústico: «La demanda social pide que los tendidos aéreos se soterren con el objetivo de garantizar el suministro energético y mejorar la red de transporte eléctrico en las mejores condiciones ambientales», señaló Juan Cardona.
De esta manera, el Govern quiere articular un sistema provisional de financiación para hacer frente a este coste, siempre y cuando el consistorio correspondiente esté de acuerdo. Por este hecho, se solicita la aprobación de la mayoría cualificada (dos tercios de los representantes) de cada uno de los plenos municipales con el objetivo de aplicar este nuevo impuesto en los ciudadanos para obtener los ingresos necesarios para hacer frente a los soterramientos. José Juan Cardona señaló que la adhesión a este plan es un sistema «absolutamente voluntario» para aquellos municipios que estén interesados.
La posibilidad de aplicar este nuevo impuesto se basa en los principios de gestión de la demanda, es decir, a más consumo mayor cantidad a pagar. Por esta regla, y según indicó el conseller de Comerç, Industria y Energia, la mayoría de los hogares familiares de las Pitiüses no se verían afectados por este nuevo gravamen. El Govern plantea cantidades que oscilan entre los 20,23 euros anuales para hogares o empresas cuyo consumo oscila entre los 3.000 Kw/h a 10.000 Kw/h hasta los 422,45 euros anuales para los consumidores que superen los 20.000 kw/h en líneas de baja tensión. De esta manera, la propuesta incluye que todos aquellos consumidores que no superen los 3.000 Kw/h en líneas de baja tensión quedarán exentos de este nuevo recargo: «Cerca del 60% de las familias y consumos domésticos son inferiores a los 3.000 Kw/h por lo que quedarían libres del pago o se aplicaría, por parte de los ayuntamientos, una cantidad media de 1,6 euros mensuales», indicó el conseller balear.