E. RODRÍGUEZ
El Ministerio Fiscal pide el pago de una sanción económica a los últimos cuatro detenidos por el conflicto de las autovías por una falta de respeto y desobediencia leve a la autoridad tras el juicio celebrado ayer en el Juzgado de Instrucción número 2. Los cuatro abogados de los detenidos en la actuación policial que tuvo lugar el pasado 23 de marzo en la finca de Can Rubio, colindante a Can Malalt, defendieron que la actuación policial fue arbitraria y, por ello, pidieron al juez José Espinosa que incoe diligencias contra los agentes antidisturbios que practicaron las detenciones por un supuesto delito de detención ilegal y, en dos casos, otro por lesiones. El fiscal no pidió cargos contra los agentes. Ese día hubo un quinto detenido, pero su juicio queda pendiente porque actualmente trabaja en la India.
Un abogado del Estado asistió a los agentes en el juicio. Se sumó a la condena solicitada por el Ministerio Fiscal y, por otra parte, pidió la absolución de sus defendidos. Éste señaló en la vista que la actuación policial se llevó a cabo de manera «proporcional» y que «en ningún caso se utilizó el material antidisturbio». La abogada de una de las acusadas aseguró, en cambio, que los agentes sí emplearon las porras, lo cual fue ratificado posteriormente por varios testigos.
El fiscal pide la multa más alta a M.T., ex edil del Pacte en Sant Josep, con un total de 700 euros (algo más de 115.000 pesetas). Los agentes antidisturbios que la detuvieron declararon que golpeó a uno de ellos con un casco en la pierna, extremo que ella y otros testigos negaron. M.T. manifestó, en cambio, que fue golpeada por los agentes en la cara, produciéndole un hematoma, y que fue reducida en el suelo con tanta fuerza que le produjeron una fractura en el codo. M.T. también dijo al juez que no entendía por qué fue detenida y que pasó mucho «miedo y angustia», hasta tal punto que aún hoy, dos meses después, acude a la consulta de un psicólogo. Este profesional también declaró en el juicio en calidad de testigo y aseguró que la acusada sufre un cuadro de ansiedad a consecuencia de la detención y que aún tiene que realizar alguna sesión más antes de recibir el alta.