GUILLERMO ROMANÍ
La comisión técnica que debe controlar el proceso de regularización de la viviendas turísticas vacacionales de Formentera se reunió por primera vez en Formentera con una doble sesión en la que los técnicos estudiaron la manera de aplicar la normativa vigente y, sobre todo, los criterios técnicos a la hora estudiar los casos que no pueden acogerse a las leyes vigentes pero que serían susceptibles de regularización. En una segunda sesión se informó a los propietarios de viviendas de este tipo interesados por conocer cómo se va a arbitrar el proceso.
Presidía la reunión Josep Torres, conseller insular de Turismo y formaban parte de la mesa, además de técnicos, el presidente de la Pime de Formentera, Joan Serra i Mayans, la presidenta de los hoteleros de la isla, Noelia Ferrer y un representante de la PIME de Eivissa. Según Torres, «el Consell Insular hizo una instrucción técnica amparándose en la Ley de Viviendas Vacacionales y Comercialización de Viviendas Vacacionales y del Decreto que la desarrollaba para intentar que aflore esta realidad que todos conocemos de viviendas alquiladas de forma irregular y la economía sumergida que algunas prácticas generan y, más importante -destacó Torres-, tener un control de calidad de la oferta a través de certificaciones de calidad que garanticen que la oferta se ajusta a lo que se ofrece de la misma manera que se controla la oferta hotelera».
Para el conseller insular de Turisme, el paso dado ayer es importante con la creación de «un comité técnico cuya función es evaluar caso por caso aquellos apartados que indica la ley como número máximo de viviendas vacacionales por parcela y los puntos o casos especiales que puedan surgir». En este sentido, la comisión sentó unas bases, de las extensiones o exenciones que pueden hacer en función de la casuística particular y de la normativa.
Por su parte, el conseller por Formentera, Pep Mayans, explicó que de acuerdo a la Ley 2/2005 y al Decreto de 17/2006 que «establece una vivienda por parcela y cuando hay casos, habituales en Formentera, de más viviendas por parcela -remarcó Mayans-, y según criterios técnicos, nos basaremos en la Ley del Suelo Rústico en la que se especifica que el número máximo de viviendas unifamiliares que se podrán comercializar turísticamente dentro de una parcela serán tres y si son adosados se regirá en función de la licencia que le haya otorgado el Consistorio de Formentera y en base a la misma se concederá una licencia de comercialización turística siempre con un máximo de seis habitaciones o de seis unidades de comercialización», señalando que comercializar más de una vivienda aislada o adosada en una parcela se trata de una situación muy habitual en Formentera y muy poco o nada en Eivissa.
Mayans, como posteriormente lo hiciera el presidente de la Pime de Formetera, Joan Serra i Mayans, enfatizó las ventajas que supone la regularización, amén de acabar con una competencia desleal, empezando por la posibilidad de comercializar las viviendas a través de canales oficiales, desde internet hasta TTOO, el acceso a subvenciones para mejoras y sobre todo bajo el amparo de la normativa vigente. El presidente de los empresarios, Serra i Mayans destacó además que el proceso de regularización implicará el control de la calidad de la oferta sin pedir excesos como era el tema relacionado con la piscina en la unidad a comercializar, y destacó la cobertura legal que tendrán quienes comercializan las viviendas ya que el hecho de estar 'legal' impedirá prácticas de impagados por los usuarios.