CLAUDIA ROIG
En los tres años de legislatura del PP se han invertido hasta 30 millones de euros en sistemas de depuración, mientras que durante la del Pacte entre gasto corriente e inversiones sólo se alcanzó la cifra de ocho millones y medio. Con estos argumentos se defendió ayer el conseller de Medi Ambiente, Josep Mayans, de las acusaciones del conseller del Pacte, Miquel Ramon, que calificó de «preocupante» la gran cantidad de vertidos fecales que se están produciendo en las últimas semanas. «El Ayuntamiento de Eivissa paga 1.750.000 euros en concepto de canon y la Agència Balear de l'Aigua no se gasta ni la mitad en mantenimiento», dijo Ramon, que criticó que no se quiera utilizar un solar situado en Santa Eulària para construir la nueva depuradora -«porque ahí quiere crecer urbanísticamente»-, pese a que este municipio vierte un 15 por ciento de las aguas residuales en esta planta. Mayans, por su parte, arremetió contra la inactividad del Ayuntamiento de Eivissa por no aportar ningún solar adecuado y lamentó que el alcalde Xico Tarrés no haya hecho presión en Madrid para conseguir que se pudiera utilizar el solar de Sa Coma, considerado como una buena ubicación por el Consell. «El Plan General de Eivissa no establece ningún terreno para la depuradora, esto no sé si es delito o no, pero debería serlo», añadió el conseller del equipo de gobierno, que votó en contra de la moción en la que el Pacte pedía un plan urgente para corregir las deficiencias y mejorar las depuradoras y una condena a la «ineficacia» de la Agència Balear de l'Aigua.
El PP rechazó asimismo otra moción progresista en la que se pedía la creación de una comisión en la máxima institución pitiusa para debatir el coste de las competencias que deberán transferirse al nuevo Consell de Formentera. «Queremos que este tema quede cerrado antes de las elecciones para que el presidente de turno no pueda robar 12 millones de euros a un ayuntamiento por ser de distinto color político», criticó la portavoz del Pacte, Pilar Costa en alusión al traspaso de esta cantidad del consorcio Formentera Desenvolupament al Emprenen justo antes de la moción de censura de la COP. Los progresistas querían también que el PP reconociera que la primera estimación del coste de las competencias, 1,5 millones de euros, es insuficiente, a lo que Mayans contestó diciendo que esta cifra sirve de base para negociar, destacando el gran consenso que ha habido con el consistorio formenterés.
Por otro lado, el conseller de Patrimoni, Joan Marí Tur, reconoció que no se numeró ninguna de las piedras del molino de Can Bonet, que fue derribado por las obras de la autovía pese a estar prevista su reconstrucción. El conseller añadió que ha cumplido la ley a la hora de proteger los molinos.