El conseller de Medi Ambient, Josep Mayans, contestó a las acusaciones amparándose en dos informes realizados por el responsable del seguimiento ambiental de las obras, en los que se indica que la empresa constructora de la autovía, MAB-Ortiz, «está cumpliendo rigurosamente con las prescripciones impuestas tanto por el dictamen de la Comisión Balear de Medio Ambiente como por la dirección de obra de la Conselleria d'Obres Públiques». En el informe también se dice que no se ha producido acumulación de tierras en el parque natural de ses Salines y cita la ley de protección ambiental del parque, que contempla que en la zona periférica de protección -donde la Plataforma Antiautopista denunció que se producían vertidos- no figura que no se pueda hacer un «acopio temporal de áridos». Se añade también que se ha designado una zona distinta, al otro lado de la carretera de Sant Jordi a Platja d'en Bossa -también propiedad del empresario Abel Matutes-, para acumular material que servirá como relleno de los viales de servicio de la carretera. Este material sí que contiene asfalto, excedentes de las obras y tierras y, de hecho, ya ha comenzado su machaqueo para reutilizarse en la obra, habiéndose triturado ya un total de 200 metros cúbicos.
Estos informes salieron a la luz en el debate de una moción presentada por el Pacte, que fue rechazada por el PP, en la que pidieron que se iniciara un expediente de disciplina urbanística para investigar los vertidos y que se contratase un perito externo para comprobar la legalidad de los mismos.
La portavoz progresista, Pilar Costa, pidió explicaciones al Consell por permitir estos vertidos y acusó al presidente de haberse convertido «en la voz del amo». También arremetió contra la consellera de Vies i Obres, Stella Matutes, por considerar que su cargo es incompatible con los intereses empresariales de su familia. En este punto el presidente del Consell, Pere Palau, la interrumpió por «hacer acusaciones gratuitas» y la conminó a acudir a los tribunales. Costa también habló de «trama organizada» para utilizar la tierra expropiada para construir un campo de golf que todavía no tiene permiso y se refirió a las declaraciones hechas en los últimos días por el ex ministro Abel Matutes: «Nunca ha sido tan fácil abrir un expediente», dijo Costa, que aseguró que el infractor «se ha autoinculpado públicamente» antes de que se le abra expediente.
Mayans defendió la actuación del Consell asegurando que «aquí no tenemos constancia de campos de golf ni de tramas».