C. R.
El hecho de que el Consell haya firmado un convenio por 230.000 euros con el obispo para ampliar las instalaciones deportivas del colegio de Sa Real fue criticado ayer por la portavoz del Pacte, Pilar Costa, que destacó que esta cifra «es superior a los 227.000 euros que ha gastado la Conselleria d'Educació en reparaciones en colegios e institutos públicos de las Pitiüses». Según Costa, «una vez más se prima la gestión privada con dinero público» y calificó de «escándalo» todo este asunto, sobre todo después de conocer de boca de la consellera d'Esports, Cati Palau, que el Govern subvenciona el 60 por ciento del proyecto y el Consell el 40. Palau defendió el apoyo de la institución a estas instalaciones deportivas porque sa Real tiene 750 alumnos y abre sus instalaciones gratuitamente a otros escolares de la isla, además de ser uno de los centros «más desarrollados en el deporte». La consellera, que rechazó la moción para subvencionar estas instalaciones en centros públicos, también resaltó que el Consell podrá utilizarlas durante diez días al año.
Concurso «ilegal»
En el debate, Miquel Ramon también acusó al Consell de retornar al Govern las competencias en Bienestar Social, ya que la residencia de Santa Eulària estará gestionada por una «extraña fundación» que dirige el Govern. Ramon considera que el concurso de adjudicación de esta instalación «es ilegal», ya que invade las competencias del Consell. El conseller de Bienestar Social, Vicent Serra, aseguró que este modelo no es extraño y se utiliza en muchos otros puntos de España. Además, dijo que esta residencia es un «servicio suprainsular».
En cuanto a turismo, la progresista Patricia Abascal criticó la pérdida de competencias en política turística hacia los empresarios. «Sinceramente, no sé que hace usted aquí» -le dijo al conseller de Turisme-, «lo mejor sería que eliminara su conselleria». Torres le contestó que sólo cumple el programa electoral, basado en el consenso y el diálogo con el sector.