La Plataforma Antiautopista instó ayer al fiscal jefe de Balears a investigar de oficio el supuesto «pelotazo» en el que habría incurrido Empresas Matutes al comprar una finca como «rústica» que poco después fue expropiada como suelo urbano por casi dos millones de euros en las obras de la autovía al aeropuerto. Si no lo hace, la Plataforma presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, porque considera que el volumen económico de la operación merece ser investigado a nivel estatal.
Según explicaron los antiautopistas, Doliga SA (perteneciente a Empresas Matutes) compró la finca Can Bonafé por 970.000 euros. «En la escritura se declara que tiene carácter de rústica y que el precio de compra es de 9,86 euros el m», explicó la portavoz Fanny Tur, que recuerda que cuando tenía lugar esta operación urbanística la consellera de Vies i Obres, Stella Matutes, «que evidentemente conocía el proyecto de la futura autovía del aeropuerto y su trazado», era miembro de la empresa mercantil Residencial Marina SL, «una de las empresas accionistas de Fiesta Hoteles & Resorts SL (antes Doliga SL)». En este sentido, Tur negó que la compra fuera anterior a los proyectos de las autovías, porque la ampliación de la carretera al aeropuerto se acaba de redactar en marzo de 2004 y la compra se hace el 15 de abril, antes de que saliera a exposición pública.