El grupo parlamentario popular ha presentado en el Parlament una proposición no de ley con la que quieren impulsar la ley que establece la forma de financiación del soterramiento de los tendidos eléctricos de media y alta tensión. Esta ley, que aprobó el Govern del PP en 2006, establecía una fórmula para que los ayuntamientos cobrasen un impuesto a los consumidores en caso de que hubiera que soterrar una de estas líneas. Las personas que menos electricidad consumen quedan exentas de este pago y se cobran 23 euros cada dos meses en los contratos de más de 5.000 kilovatios. Esta cantidad va aumentando en caso de que el consumo sea mayor.
El diputado popular Josep Juan Cardona explicó que con esta proposición no de ley quieren que se soterren todas las líneas aéreas, exceptuando únicamente aquellas en las que técnicamente se acredite la imposibilidad del soterramiento. Asimismo solicitan al Govern que ayude a los ayuntamientos a aplicar el gravamen sobre la tarifa eléctrica. «Es necesario desarrollar esta normativa, porque es difícil que los ayuntamientos solos puedan aplicar este gravamen, porque muchas veces no cuentan con técnicos para redactar ordenanzas tan complicadas», expresó Cardona, que añadió que la fórmula más práctica sería la de firmar un convenio con las compañías de electricidad para que este impuesto se cobre a través de la factura eléctrica.
Los populares también piden que el trazado de los tendidos eléctricos soterrados causen el mínimo impacto posible y se reduzcan los perjuicios a los afectados. Por eso quieren que los trazados discurran en paralelo a caminos y carreteras. En caso de que no se pueda, se solicita que vayan por los linderos de las fincas. «Cada vez que se tiene que marcar un trazado tenemos un follón con la ciudadanía», explicó Cardona, que indicó también que solicitarán que los propietarios de instalación agrícola tengan exenciones a la hora de conseguir suministro eléctrico soterrado para bombas de extracción de agua. De esta forma se fomentaría que haya un menor riesgo de contaminación a través del gasóleo.
El diputado también lamentó que los grupos que apoyan al Govern rechazaran esta semana en el Parlament varios puntos de una propuesta en la que pedían al Ejecutivo que incremente el ritmo de trabajo para elaborar la normativa que debe recoger la directiva europea que supondrá la liberalización de los servicios y permitirá la entrada de grandes superficies en las islas, entre otras cosas. Cardona recordó que hay que revisar 400 normas de turismo, comercio, deportes, etc. y criticó que el Govern no quiera crear una agencia para realizar este trabajo en el que estarían las conselleries afectadas y representantes municipales.
Cardona explicó que actualmente hay en proyecto una línea que va de Vila a Sant Antoni que reforzará la actual de media tensión y la convertirá en alta tensión con siete nuevos kilómetros de trazado. «Esta línea atraviesa bosques, zona rural y si se quiere soterrar los ayuntamientos de Sant Antoni y Santa Eulària se tendrán que poner de acuerdo por mayoría absoluta, buscar financiación externa o propia y luego se repercute en la factura del consumo eléctrico de la zona», explicó Cardona, que indicó que el gravamen sólo afecta a los grandes consumidores de electricidad porque el 50 por ciento de la población registra un consumo pequeño.