El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Marí Carraca, criticó ayer que este municipio «tenga que ser 'pagano' de los espacios protegidos de la isla a cambio de nada» y aseguró que defenderá los derechos del Consistorio y de los propietarios de terrenos afectados por los cambios de la normativa urbanística «hasta las últimas consecuencias».
Carraca expresó esta crítica durante la aprobación en un pleno extraordinario de las alegaciones que el Consistorio ha presentado ya al Consell d'Eivissa contra la moratoria que impide la construcción en las zonas de Benirràs, Na Xamena e Illa Blanca, entre otras áreas, con motivo de la modificación del Plan Territorial Insular (PTI).
En este sentido, el alcalde remarcó que «ninguna moratoria y ninguna ley de protección del territorio ha ido acompañada de presupuestos o asignaciones ni para los propietarios ni para la administración municipal» y recordó que, «una de las formas de ingresos para el Ayuntamiento es el urbanismo». «No demando hacer ninguna urbanización, demando tener un crecimiento regulado, sostenible y moderado de los pueblos y zonas turísticas de nuestro municipio», afirmó Carraca quien se quejó además de que, «a día de hoy, en muchos lugares de Eivissa como es la zona sur grandes urbanizaciones están siendo aprobadas por la comisión de urbanismo».
Para Carraca, cada moratoria o ley de protección ha «consistido en restringir más los derechos de los propietarios y la capacidad normativa y económica del Ayuntamiento». Por ello, el alcalde recordó que durante sus diez años de gobierno, Sant Joan ha sido objeto de «tres o cuatro moratorias» y remarcó que en el 80% del municipio «no se puede hacer absolutamente nada», debido a las Àreas Naturales de Especial Interés (Anei), a otras figuras de protección territorial como son las Àreas Rurales Interés Paisajístico (Arip), y ahora los nuevos espacios demarcados por la Ley de Medidas Urgentes.
«Pero aquí no se trata nada más de Benirràs, Na Xamena e Illa Blanca, aquí se trata de más un centenar de propietarios que tienen terrenos en estas zonas y que hoy por hoy no se pueden hacer ni una vivienda ni ampliar la que tiene hecha», agregó.
A pesar de esta presentación de alegaciones a la moratoria, el alcalde aseguró no querer entrar «en un conflicto jurídico con el Consell» y en este sentido dijo estar «abierto al diálogo y al consenso para defender los intereses de tantas familias que gracias a su decencia y a su esfuerzo conservaron las tierras que disfrutamos a día de hoy», concluyó.
Las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento aseguran que la Norma Territorial Cautelar (NTC) aprobada por el Consell excede sus competencias respecto a las facultades relacionadas con la suspensión de licencias y que choca con la ley 14/2000 que indica que la aprobación inicial de las moratorias significan la suspensión del otorgamiento de licencias «y no a la suspensión de la eficacia de los títulos o autorizaciones concedidos con anterioridad», como afirma la moratoria. En este sentido, cabe recordar que el Consistorio había concedido once licencias de edificación en Benirràs. Por otra parte, el escrito destaca que el «municipio no ha podido tener el mismo desarrollo urbanístico homogéneo que el resto de municipios desde a entrada en vigor de la ley 1/1991, que impedía asentamientos excepto en aquellos espacios excluidos por la Ley de Espacios Naturales (LEN). «Ahora la norma territorial cautelar, como extensión de la ley de medidas urgentes, no sólo impide definitivamente la continuidad de los planeamientos excluidos de la LEN sino que incide sobre las licencias otorgadas». Las alegaciones piden también consideración para las «repercusiones económicas y sociales que genera la situación excepcional de este municipio».