El presidente de la Asociación de Bares Y Restaurantes, Pedro Ortiz, instó ayer a los responsables políticos a promover «campañas que aboguen por un turismo familiar y que se extienda seis u ocho meses en vez de los 30 o 40 días actuales». «Se habla de desestacionalizar la temporada y alargarla cuando en realidad cada vez ésta mengua más, acuciada por una falta de apertura de vías y unos transportes que frenan a los turistas», dijo.
El empresario hostelero instó a «aplicar medidas y acciones realmente efectivas» como lograr una financiación asociada a lo que aporta la Comunidad Autónoma que redunde en una reducción de tarifas marítimas y aéreas».
El restaurador reclamó que «con crisis o no, no puede costar lo mismo viajar a Eivissa que al Caribe». Recordó que por este motivo la restauración se está resintiendo en los últimos ejercicios en mayor medida que el sector hotelero «ya que el turista gasta todo su presupuesto en vuelo y alojamiento», lamentó.
Las causas fundamentales de estas tendencias son que las estancias «son más cortas», de 15 días a 4 o 5, así como por el descenso en la edad de los visitantes. Ortiz concluyó afirmando que cada vez viene gente más joven, con edades comprendidas entre los 20 y 25 años, «un perfil que antepone la entrada a discoteca al consumo en restaurantes».
A.A.-G.P.
El tribunal que desestimó la petición de libertad de Rodrigo de Santos, efectuada por su abogado la pasada semana, considera que existe un alto riesgo de fuga con el ex teniente de alcalde de Urbanismo del Ajuntament de Palma si éste sale ahora de la cárcel. El auto dictado por el tribunal, cuyo contenido íntegro se conoció ayer, es claro y contundente respecto a la situación procesal del ex edil, que se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza desde finales de junio por presuntos abusos a menores. El tribunal rechazó la petición de libertad y considera que de Santos debe seguir en la cárcel porque «la gravedad de los hechos imputados, la suma de todas las penas que pudieran imponerse supera los veinte años de prisión, más la existencia, a la que se alude en el escrito de recurso, de otras causas abiertas contra el recurrente, determinan que el riesgo de que trate de eludir la acción de la Justicia es muy elevado en este momento de la tramitación procesal».