La Federación de Trabajadores de Comercio, Turismo y Juego de UGT anunció ayer que recurrirá ante Magistratura de Trabajo las sanciones impuestas por la empresa Sirenis a nueve camareras de piso del hotel Goleta, sobre las que pesa una suspensión de empleo y sueldo que tiene previsto hacerse efectiva durante dos primeros meses de la temporada 2009.
Así lo anunció ayer el secretario general de la federación en las Pitiüses, Fernando Fernández, que explicó que el motivo que dio la empresa para sancionarlas argumenta que las trabajadoras no cumplen con las 18 habitaciones diarias que pide la dirección del hotel. «Ni el convenio de hostelería, ni el acuerdo marco a nivel estatal, ni el Estatuto de los Trabajadores recogen cuántos números de habitaciones tiene que hacer una camarera de piso», apuntó Fernández, que acusó a la empresa «de actuar con nocturnidad y alevosía porque a lo largo de la temporada podrían haberlas sancionado pero esperaron al último día para que les sacaran las castañas del fuego», apuntó.
Las camareras sancionadas conforman la mitad de la plantilla y tienen todas 30 años de antigüedad en la empresa. Según explicaron, a principios de temporada se negaron a firmar un papel en el que se debían comprometer a cumplir con las 18 habitaciones, que les supondría trabajar una hora más, por lo que, a lo largo del verano, concluyeron su jornada a la hora indicada aunque no hubieran cumplido con esta demanda de la empresa. También explicaron que a las habitaciones hay que sumarles la limpieza de otras zonas comunes como salones, pasillos, y lavandería, en un hotel con 252 habitaciones que, según destacaron, en los últimos años se han ampliado con reformas. «Es la tónica general de las camareras de piso de toda la isla, quieren que trabajemos más por el mismo tiempo y por el mismo dinero», apuntó Consuelo López de Comisiones Obreras (CCOO).
«Las exigencias son las mismas que otros años» El responsable de Sirenis, Pedro Matutes, aseguró que ésta es una «situación muy desagradable» que entiende «que acabará ante un juez» y destacó que las exigencias al personal «son las mismas que otros años». «Se lo hemos advertido varias veces y al final nos hemos visto obligados a sancionar, y aunque es una falta muy grave que permtiría el despido, hemos optado por o la suspensión de empleo y sueldo», explicó Matutes para quien «hay una serie de gente que está empujando» a las trabajadoras a «tomar a este tipo de medidas».