La portavoz del grupo popular, Rosa Estarás, acusó ayer al president del Govern, Francesc Antich, de impulsar el «decreto Nadal» a pesar de ir en contra del programa electoral del PSOE. En una pregunta formulada en el pleno del Parlament, Estaràs recordó que muchos de los artículos del «decreto Nadal», que precisamente será validado la próxima semana, va en contra de algunos de las propuestas que defendió Antich durante la campaña electoral.
«Seguro que el cambio de modelo del decreto Nadal responde a lo que ustedes decian cuando salían a la calle y decían 'basta, quien quiere a Mallorca no la destruye'», recordó Estarás. La portavoz del PP criticó que esta normativa plantea un «incremento de edificabilidad de un 10 por ciento, además de lo legalmente establecido, con la exoneración de parámetros urbanísticos», además de potenciar el «todo incluido» ya que los apartamentos turísticos podrán tener restaurantes. Estaràs cuestionó también que el decreto contemple la ampliación de una planta embotelladora.
Sector turístico
En su respuesta, Antich aseguró que el PP «no hizo ni un solo paso» en favor del sector turístico en la pasada legislatura y le acusó de «importarle un pimiento» los 74.000 parados de Balears.
Además, Antich justificó que el «decreto Nadal» tiene por objeto «reactivar la economía y crear puestos de trabajo» y remarcó que responde al modelo «productivo» impulsado por el actual Govern, que «piensa en los empresarios y los trabajadores», y que contrasta con el modelo de la «especulación y al crecimiento residencial» de la pasada legislatura.
Por otro lado, el Parlament aprobó, con los votos en contra del PP y la inclusión de cuatro enmiendas de este grupo, la Ley de Medidas Tributarias para Impulsar la Actividad Económica en Baleares, que supondrá para los beneficiarios un ahorro fiscal conjunto de 57 millones. Entre las propuestas del PP se reclama una deducción autonómica de 50 euros en el IRPF para los contribuyentes mayores de 65 años.
La diputada de Eivissa pel Canvi Marián Suárez explicó ayer en el Parlament que en Eivissa se han podido realizar entre tres o cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), con lo que ello supone para los trabajadores. Suárez lamentó la pérdida de puestos de trabajo y aseguró «compartir» la preocupación con los sindicatos, que han convocado una manifestación la semana que viene.
Suárez indicó que algunas empresas prácticamente han incurrido en un fraude de ley al realizar despidos, porque si bien algunas presentan ERE otras comienzan un goteo de eliminación de personal sin ningún control. Por eso pidió al Govern que controle los ERE para evitar que empresas en buena situación económica se deshagan de personal. La consellera de Treball aseguró que las empresas que presentan ERE tienen que justificarlo y la administración es «extremadamente rigurosa». C. R.