M.JUNCOSA
El Govern invertirá un mínimo de 10 millones de euros anuales en la rehabilitación de barrios, según establece el proyecto de «Ley de rehabilitación y mejora de los barrios de los municipios de las Illes Balears», que será aprobado en el Parlament el próximo martes, según anunciaron ayer el president del Govern, Francesc Antich, y el conseller d´Habitatge i Obres Públiques, Jaume Carbonero.
El Govern espera que la aplicación de esta norma, que implicará a los ayuntamientos de las Islas, genere una inversión inducida de 18 millones y el mantenimiento o la creación de 1.100 empleos al año.
Estas inversiones se canalizarán mediante la cofinanciación de proyectos municipales, en porcentajes que oscilarán entre el 40 y el 90 por ciento de cada iniciativa, básicamente en función de la capacidad económica de los diferentes ayuntamientos de las Islas. «Los municipios más pequeños tendrán mayor proporción de ayudas», explicó el president del Govern.
Además de los ayuntamientos, el proyecto de ley establece que también podrán recibir ayudas los consorcios creados por el Govern balear y ayuntamientos, sin prejuicio de que participen otras administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro, creados para gestionar y ejecutar proyectos de rehabilitación y mejora de los barrios.
El conseller Carbonero advirtió en todo caso de la importancia de que los diferentes municipios «tengan proyectos en cartera» para poder beneficiarse de estas ayudas.
El objetivo del proyecto de Ley consiste en rehabilitar los pueblos y de los barrios más deteriorados de la ciudades de Balears mediante la promoción y ejecución de medidas que comporten una regeneración social, económica, urbanística, arquitectónica, de vivienda y de sostenibilidad según establecen los «principios inspiradores» de la futura Ley. Antich añadió que se trata de un proyecto de Ley «transversal» que pretende al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y generar actividad en el actual contexto de crisis económica.
Aplicación de la Ley
En cuanto a su aplicación, el conseller d´Habitatge i Obres Públiques informó que una vez aprobada la Ley, su departamento publicará «de forma inmediata» la convocatoria de ayudas de este año, de tal manera que los ayuntamientos podrán comenzar a presentar sus proyectos.
El conseller precisó que para que los barrios sean susceptibles de recibir inversiones deberán ser catalogados como de «atención especial», para lo que deberá constatarse que sufren un proceso de degradación, un problema demográfico, problemas económicos o sociales o una persistencia de déficits sociales y urbanos que hayan afectado de forma negativa al desarrollo social del barrio en cuestión.
El conseller d´Habitatge i Obres Públiques, Jaume Carbonero, recordó que su departamento ya invirtió el año pasado una partida de 12,5 millones de euros en la rehabilitación de barrios, una partida de la que se beneficiaron 25 municipios de las Islas y que generó una inversión inducida de 22 millones de euros.
Carbonero informó que esa fue un convocatoria puntual, que ahora deberá ser obligatoria y anual para el Govern con el objetivo de darle continuidad al proyecto.
El PP criticó ayer que la Ley de Barrios no contemple una partida de al menos 10 millones de euros para este año a destinar para la rehabilitación de esas áreas urbanas y que, sin embargo, establezca que se haga anualmente a partir de 2010.
Según expuso a Europa Press la portavoz de la oposición en materia de vivienda y transportes, Mabel Cabrer, eso será lo que ocurra si no se acepta una de sus enmiendas a la nueva legislación, que señala que ésta sea de cumplimiento inmediato y no a partir del próximo año, ya que, en caso contrario, se tratará de un «brindis al sol», porque las obras empezarán en 2011.
El PP, que presentó un total de 17 enmiendas espera que «se mantengan vivas» hasta el martes, al menos algunas de ellas, para evitar que uno de los principales efectos de la medida, reactivar el sector de la Construcción, llegue cuando la crisis ya esté muy avanzada.
Además, Cabrer recordó que para crear una línea de subvenciones dirigidas a la rehabilitación integral «basta un reglamento o un decreto, no hace falta una ley».