C. ROIG/E. P.
El conseller balear de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt, solicitará formalmente a Capitanía Marítima que prohíba o controle el buceo en el buque hundido Don Pedro, porque considera que esta actividad es «peligrosa» y les «preocupa». Grimalt contestó así a una interpelación del diputado del PP Miquel Jerez en el Parlament, en la que criticó el «riesgo» que suponen las inmersiones.
Jerez aseguró que desde el 20 de mayo de 2008, cuando se autorizó el buceo, más de 3.000 personas han bajado a explorar los restos del buque. Esto para Jerez es «altamente preocupante» porque los informes realizados por los expertos aconsejan regular o prohibir las inmersiones. «La responsabilidad política nos obliga a arbitrar medidas de seguridad porque este buque no está preparado para practicar submarinismo; antes requiere la eliminación de elementos de riesgo, como elementos móviles, puertas, etc., y esto por ahora no se ha hecho», explicó el popular. «¿Qué medidas se han tomado?», se preguntó Jerez, quien advirtió de que hay que «evitar desgracias» en la práctica del buceo, que por otro lado es un «verdadero negocio», ya que cada inmersión puede costar hasta 50 euros por sólo 30 minutos.
Respecto al reflotamiento, el conseller de Medi Ambient señaló que en el Govern no tienen técnicos suficientemente capacitados para valorar si es mejor dejar el barco en el fondo del mar o extraerlo. «Tenemos obligación de creer que los informes están bien hechos», dijo en referencia a los documentos elaborados por el Instituto de Oceanografía y una empresa especializada noruega en los que se ha basado el Gobierno central para descartar reflotar el pecio. «El riesgo de fugas es bajo, más bajo que el derivado de las descargas del tráfico marítimo local», expresó Grimalt, que aseguró que desde la Conselleria harán un seguimiento «exhaustivo» de la contaminación que se pueda generar.
Sin embargo, los populares creen que los informes realizados ahora son «incompletos» y se muestran «preocupados» por la contaminación que se pueda generar en el parque natural de ses Salines. De hecho, Jerez calificó de «espontánea» la decisión de dejar el barco en el fondo del mar y criticó que no haya ningún estudio en el que aparezcan los millones de euros podría costarle el reflotamiento a la compañía aseguradora. «Hay muchas sospechas», indicó Jerez, quien recordó que la activista del GEN Neus Prats criticó que se ha tomado la mejor decisión para los intereses de la aseguradora. «¿Esto beneficia a la aseguradora?», preguntó el popular en una cuestión que no quiso responder el conseller.
De hecho, Grimalt recordó que ellos no tienen competencias en aguas litorales, un traspaso que ya han solicitado al Estado. «Es más peligroso sacar el barco que dejarlo allí», relató el conseller, que recordó que hay tres opciones. Una pasa por arrastrar el barco hasta la orilla, lo que es una «burrada»; también se puede serrar bajo el agua o bien insuflarle aire para que emerja, algo que no es posible porque se rompería. «Acatamos la decisión pero si detectamos que perjudica seriamente nos los replantearemos», dijo Grimalt.
Por su parte, la diputada de Eivissa pel Canvi Marián Suárez pidió que el Govern esté al corriente del plan de gestión del Don Pedro, que siga controlando la contaminación y que luche para recuperar el dinero gastado.
La consellera de Interior, María Àngeles Leciñena intervino un momento para responder a Jerez que su Conselleria dejó de tener competencias en noviembre de 2007 sobre este asunto. El diputado socialista Josep Mª Costa defendió la labor del Gobierno central e indicó que la descontaminación es prácticamente del 100%.