L. AVERSA/C. ROIG
El grupo municipal del Ayuntamiento de Eivissa acusó ayer al conseller de Promoción Empresarial i Treball, Joan Serra Mayans, de emitir cuatro facturas al Consistorio como administrador de la empresa Mentor Qualitat S.L. por un importe total de 35.000 euros en diciembre de 2007, cuando ya ejercía su cargo en la máxima institución de la isla. Para ello, el concejal Toni Prats presentó dos facturas por un importe de 10.000 euros cada una y dos decretos de alcaldía que plasman pagos por 12.000 y 3.000 euros a la empresa del conseller, cuyo cese como administrador se presentó a mediados de enero de 2008, y cuyo cargo asumió su hermano, según la información aportada por el Partido Popular.
«Esto vulnera la ley de compatibilidad», destacó el Prats, para quien Mayans «no se puede descartar diciendo que él ya no es administrador». «En diciembre de 2007 era conseller y hacía facturas para el Ayuntamiento de Eivissa. Por lo tanto, en ese momento sí tenía incompatibilidad», apuntó el concejal.
Asimismo, Prats destacó que «son pagos directamente firmados» por Lurdes Costa y que, en caso de que haya que asumir responsabilidades, «la alcaldesa no se podrá exonerar ni podrá decir que lo desconocía y que no sabía nada».
En este sentido, los próximos pasos del PP de Vila serán trasladar esta documentación al grupo popular del Consell para que la presente al secretario de la máxima institución con el objetivo de que determine si hay o no incompatibilidad. También pedirán una comisión de investigación en el Consistorio, aunque aseguran «que no se hará, como en el caso Chamizo». Además, según Prats, pondrán la documentación a disposición de la Fiscalía Anticorrupción.
Por otra parte, Prats quiso responder a las acusaciones de difamación con las que el Ayuntamiento de Eivissa respondió a su anterior denuncia sobre favoritismos del Consistorio a esta empresa. «Nosotros todo lo que decimos lo podemos demostrar con documentos. En cambio, ellos nos insultan diciendo que mentimos y nos amenazan diciendo que nos llevarán a los tribunales porque difamamos», destacó Prats, que insistió en que esta empresa pudo tener «información privilegiada» para recibir la adjudicación del proyecto municipal Platges del Segle XXI, valorado en más de 40.000 euros, en «un concurso público sin publicidad».