La Justicia ha rechazado el recurso que había presentado el alcalde de Sant Antoni, José Sala, para evitar el pago de la multa coercitiva que se le impuso en su día por no derribar la casa Cretu en el plazo estipulado. Los servicios jurídicos están estudiando ahora si la resolución judicial es recurrible o no.
«Desde el equipo de gobierno acatamos la decisión pero pensamos que no se han tenido en cuenta los argumentos planteados por parte de José Sala», explicó el teniente de alcalde Joan Pantaleoni. Una de las razones por las que el alcalde piensa que no debería haber pagado esa multa es porque el Ayuntamiento no pudo entrar en la vivienda por no contar con autorización judicial. «Queríamos entrar pero la propiedad lo recurrió y tuvimos que pedir autorización al juzgado; este permiso tardó cuatro meses y fueron los cuatro meses en los que el alcalde estuvo pagando la multa coercitiva», remarcó el teniente de alcalde, que indicó que acatan la decisión pero creen que era responsabilidad de la Administración de Justicia dar la autorización de entrada a la casa, algo que se retrasó.
En total, el alcalde de Sant Antoni pagó una cantidad de 4.000 euros (1.000 euros cada mes) por no haber tirado la casa en el tiempo estipulado de 18 meses que fijó la jueza en un principio. Sala dejó de pagar a finales de julio justo antes de que las sanciones aumentaran a 600 euros semanales.
Indefensión
En su recurso, el alcalde también alegó «absoluta indefensión porque la ley dice que las sanciones se podrán imponer previa audiencia del interesado».
La resolución, tomada en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma, llegó ayer mismo al Ayuntamiento de Sant Antoni.