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El juez recuerda a Alemany que un particular puede cometer prevaricación

El magistrado rechaza el recurso del periodista y afirma que las medidas cautelares decretadas son «benévolas»

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El juez José Castro ha desestimado el recurso interpuesto por el periodista de El Mundo El Día de Baleares Antonio Alemany por la imposición de una fianza de 250.000 euros y la retirada del pasaporte, medidas cautelares que califica de «benévolas» ante los de delitos que se le imputan, malversación, falsedad de documento mercantil y falsedad por funcionario, irregularidades que el juez advierte que pueden suponer una pena de 15 años de prisión.
El magistrado recuerda a Antonio Alemany que el delito de malversación puede suponer una pena de 6 años de prisión, el de falsedad por funcionario también 6 años de prisión y el de falsedad en documento mercantil continuada otros 3 años.
En relación al recurso, el juez que instruye el 'caso Palma Arena' indica a Alemany que las pruebas que obran en su poder «no ofrecen duda alguna sobre la falsedad, el fraude y el mecanismo de engaño para ocultar el desvío de fondos públicos y el cobro de comisiones indebidas», al tiempo que señala «las graves y arbitrarias irregularidades administrativas para camuflar pagos ilegales» que ha detectado.
Respecto a la afirmación de Antonio Alemany de que un particular no puede cometer un delito propio del cuerpo de funcionarios, el juez Castro explica que en los delitos de prevaricación la participación del extraño (el que no es funcionario) no puede entenderse impune» y añade que no cabe profundizar en este argumento «cuando el recurrente no es capaz de conocer los rudimentos del sistema penal español». El juez concluye que esta alegación implica «desconocer la jurisprudencia penal española».
Lo que cobró Alemany
El juez Castro afirma por otra parte que en los registros efectuados en Nimbus se constató que el Govern que presidía Jaume Matas realizaba un pago mensual a esta agencia de publicidad de 4.591,64 euros «sin la contraprestación de servicio alguno y con la única finalidad de un favor personal que hace Miquel Romero (el propietario de la empresa) al Govern para pagar a Gabriel Alemany». Posteriormente se comprobó que Gabriel Alemany era en realidad Antonio de Padua Alemany Dezcallar.
Como se recordará, el periodista de El Mundo El Día de Balears habría cobrado esa cantidad mensual por redactar los discursos del ex president del Govern, Jaume Matas, y en conceopto de asesoramientos diversos, unos pagos que se realizaron durante tres años y 6 meses, por lo que sumarían más de 190.000 euros.
El juez asevera que para realizar estos pagos, a cuenta de la Conselleria de Relacions Institucionals, el ex director de comunicación del Govern Joan Martorell «inicia la simulación de un expediente que prescinde de los más elementales principios de la contrataciones administrativas».

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