P. CANDIA/V. MALAGÓN
El ex conseller de Comerç, Indústria i Energia, y diputado autonómico Josep Juan Cardona, solicitó ayer la baja del PP inmediatamente después de que el magistrado instructor del caso Scala, Antonio Capó, le hubiese impuesto una fianza de responsabilidad civil de 2,9 millones de euros, 1,9 millones menos de lo que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.
El PP aceptó la petición de Cardona y le ha exigido que entregue su acta de parlamentario, cuestión a la que el ex conseller se ha negado. Cardona tiene 24 horas de plazo para constituir la caución. En caso contrario, le embargarán bienes por esa cantidad de dinero, según el auto.
En el caso Scala se investiga un presunto caso de corrupción durante la pasada legislatura al inyectarse fondos económicos en el Consorcio público para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) que, al parecer, habrían ido al bolsillo de particulares.
Indicios
El auto dictado por el magistrado Capó analiza de manera amplia los indicios incriminatorios contra Cardona, con el matíz de que «estamos en fase de instrucción, lo que implica que contemos con meras diligencias de investigación, no ante pruebas».
«El conseller era consciente de todo lo que firmaba, pese a negarlo con la excusa de que lo hacía sin leer», señala la resolución.
Según el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJB, los sobornos pagados por las entidades Estudi Joan Rossello, Fires Geremi, NTC Consultores, Marketing One Strategy, Sergio José Pereletegui, Camino Export y Taller Gràfic, asciende a 1.239.310 euros.
El auto, asimismo, detalla los documentos más importantes incautados durante la investigación, y recuerda la declaración de la imputada Antònia Ordinas: «Cuanta más facturación (del CDEIB), más comisión».
Cabe recordar que la petición de la Fiscalía se produjo después de que el parlamentario del PP fuese interrogado durante más de tres horas, en calidad de imputado, durante el pasado 21 de abril, en el marco del caso Scala.
Durante su declaración, aseguró no tener ninguna vinculación con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), a través del cual se desviaron presuntamente unos cinco millones de euros.
«Soy inocente, los hechos que se me imputan son para dañar la imagen del PP»
Apenas una hora después de haberse hecho público el augto del juez, el ex conseller de Comerç emitçia un comunicado de prensa en el que anunciaba su baja voluntaria del partido y renunciaba a entregar su acta de diputado. El comunicado enviado es el siguiente:
«Con relación al caso Scala por el cual la Fiscalía solicitaba una fianza por responsabilidad civil de 4'8 millones de euros sobre mi persona, en el día de hoy (por ayer) he tenido conocimiento que el magistrado del TSJB, Sr. Capó, ha resuelto rebajar dicha fianza por responsabilidad civil a la cantidad de 2'9 millones de euros. Ante esta resolución les comunico que he decidido solicitar la baja temporal de militancia del Partido Popular, decisión que ya he trasladado al presidente del Partido Popular de Ibiza, D. Miquel Jerez Juan, circunscripción a la que pertenezco. Esta difícil decisión ha sido tomada para evitar cualquier daño a la imagen del partido político al que he pertenecido durante casi treinta años siendo, sin embargo, una baja temporal hasta estar resuelta finalmente la causa judicial que me afecta ya que, desde la absoluta convicción de mi inocencia, creo que los hechos que se me imputan son un instrumento para dañar la imagen del Partido Popular. Igualmente, he comunicado al presidente del Partido Popular de Ibiza mi decisión de no abandonar mi escaño como diputado en el Parlament de les Illes Balears. Siendo ésta, además, una situación injusta y delicada que está produciendo daños irreparables sobre mi persona, deseo la pronta resolución de este caso».