Sant Josep deberá indemnizar con 600.000 euros a una concesionaria de playas por una adjudicación de servicios de hamacas efectuada en 1996 a favor de la Asociación de Vecinos de Cala Vedella y en contra de lo que indicaban los informes jurídicos y técnicos de la mesa de contratación.
El actual equipo de gobierno tendrá que acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que condenó al Consistorio en 1999, pero cuya ejecución no fue reclamada por la recurrente, Lidia Moreno, hasta el año pasado.
La sentencia fue confirmada esta misma semana por el Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso presentado por el Ayuntamiento que había alegado «indefensión». Según el alcalde, Josep Marí Ribas Agustinet, el actual equipo de gobierno no tenía conocimiento de esta sentencia, el abogado que llevaba la causa, de Madrid, murió en 2007 y la procuradora nunca informó al Ayuntamiento sobre esta cuestión. Por ello, el Consistorio quería que el Alto Tribunal tuviera en cuenta este cúmulo de circunstancias en su alegato de indefensión, pero éste no admitió el recurso.
Aunque la sentencia que data de 1999, cuando el alcalde de Sant Josep era Josep Serra Escandell, obligaba al Consistorio a pagar 405.000 euros a la recurrente, Agustinet explicó que la cifra asciende en la actualidad a 600.000 euros, ya que la concesionaria reclama los cuatro años transcurridos entre la adjudicación y la sentencia, en los que no pudo explotar la concesión, más intereses.
El alcalde asegura que esta sentencia supone un «perjuicio grave para la hacienda municipal», y origina «un descontrol, una merma y un quebranto» para las arcas de Sant Josep.
Inversiones perjudicadas
Según explicó Agustinet, el Ayuntamiento pagará una primera cantidad de entre «50.000 y 60.000 euros» e intentará aplazar el resto. El alcalde indicó que este primer pago afectará a inversiones que el Consistorio tenía previsto efectuar en las playas del municipio para este verano, aunque destacó que no perjudicará a los servicios de mantenimiento y limpieza. «Habrá menos inversiones pero no podemos dejar de limpiar por la ejecución de esta sentencia», se quejó el primer edil.
Asimismo, Agustinet explicó que intentará «defender» las arcas municipales por diversas «vías de reclamación». Dos de estas vías serán presentar una demanda contra la procuradora por «fallos en la comunicación» e intentar hacer responsables a los concejales de la Comisión de Gobierno que entonces hicieron esta adjudicación mediante un acuerdo «mal adoptado». Se trata del ex alcalde José Serra Escandell y los ediles Josep Marí Ribas, Reganes; José Torres Cardona, Tomàs; José Marí Prats, Berris; Antonio Cardona Marí, Pujolet y Antonio Marí Tur. «Vamos a intentar recuperar el dinero porque el Ayuntamiento no puede, ni quiere, dejar de pagar una sentencia. Pero vamos a intentar que repercuta en los que mandaban en 1996», concluyó Agustinet.
'Agustinet': «Que no se pidiera la ejecución de sentencia hasta que cambió el equipo de gobierno es, como mínimo, raro»
El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas 'Agustinet', no esconde sus sospechas sobre el hecho de que la recurrente esperara diez años para pedir la ejecución de la sentencia. «Que no se pidiera hasta que cambió el equipo de Gobierno es, como mínimo, raro», se quejó el primer edil.
Cabe recordar que lo curioso de este caso es que la persona que recurrió la adjudicación del servicio de playas es la sobrina política del ex comisario de Policía Àngel Marí, que a su vez era el representante legal de la Asociación de Vecinos de Cala Vedella, a la que se había otorgado la concesión. Es decir, que Lidia Moreno recurrió la adjudicación de hamacas y sombrillas que el Ayuntamiento le dio a su tío. Asimismo, cabe indicar que Moreno y toda la familia del ex comisario cuentan con numerosas adjudicaciones de hamacas en el municipio, a las que concurren con empresas de nombre diferente que compiten entre sí. El alcalde insistió en que no entiende por qué Moreno ha esperado diez años a reclamar la ejecución de la sentencia condenatoria.