El presidente del Govern, Francesc Antich, presentó ayer en el Parlament su plan de ajuste económico, que prevé un ahorro de 103 millones y unos ingresos extras entre 25 y 30 millones de euros, pero en estos momento sólo tiene garantizado el apoyo de UM para sacar adelante las medidas de ahorro. Los nacionalistas, por el contrario, son contrarios a aumentar los impuestos. El PP todavía no ha anunciado qué postura piensa adoptar cuando las medidas se concreten en leyes que deban aprobarse con mayoría absoluta en la Cámara.
Antich aprovechó el debate parlamentario para desgranar sus propuestas fiscales. El anunciado incremento de los impuestos para los ricos apenas significará, si se aprueba, dos millones de euros. Para ello, Antich quiere aumentar un punto del IRPF a las rentas superiores a los 100.000 euros, una medida que afecta a 6.500 contribuyentes. Tanto PP como UM cuestionaron esta iniciativa al considerar que lo que quiere Antich es lavar su imagen tras el recorte de los sueldos de los funcionarios.
«Es bien necesario llevar a cabo reajustes fiscales que apliquen más progresividad y que hagan contribuir más a los que más tienen», planteó Antich. El Govern también quiere arañar dinero a los ricos a través del Impuesto de Sucesiones. En concreto, pretende subir los tipos para las herencias que superen los 600.000 euros. Este incremento supondría, si es que llega a aprobarse, 8 millones de euros.
82 empresas públicas
Antich anunció que la Comunitat Autònoma contará con 82 empresas públicas frente a las 169 que existen actualmente. Es decir, se suprimen el 50 por ciento de las empresas públicas. En este sentido, Antich quiere que haya un representante de cada grupo para consensuar la nueva estructura del sector público.
Durante su discurso, el presidente reconoció que se habían duplicado organismos en competencias transferidas a los consells insulars. «Mi idea es eliminar duplicidades y establecer criterios de futuro sobre las competencias», dijo.
En el debate, Josep Melià aplaudió las medidas de recorte del déficit, pero no garantizó el apoyo de su formación política al incremento fiscal. Melià cuestionó que ninguna de las parcelas dirigidas por el Bloc haya sufrido recortes. El portavoz de UM no descartó apoyar la creación de la ley de medidas medioambientales, pero la decisión la adoptará hoy la ejecutiva nacionalista.
Biel Barceló, del Bloc, utilizó buena parte de su discurso a criticar a Rodríguez Zapatero por los recortes. «Está amortizado», dijo el portavoz nacionalista sobre el presidente del Gobierno. Tampoco salió bien parado durante el debate el delegado del Gobierno, Ramón Socías, por inmiscuirse en cuestiones propias del Govern.
Por su parte, el portavoz del grupo popular, Francesc Fiol, no aclaró qué postura adoptará su partido ante el recorte, pero dejó claro que no apoyará ninguna medida fiscal, ni siquiera el impuesto ecológico similar al que creó Gabriel Cañellas en la década de los 90. Fiol cuestionó los cambios de criterios de Antich.
Restringir el uso de coches y control de los teléfonos
Ni se anunció formalmente desde la tribuna ni, técnicamente, forma parte del plan anticrisis, pero hay otras medidas de ahorro de esas que «se pueden vender bien» aunque el recorte de gasto no sea espectacular. Se trata de medidas que van en línea de prescindir de la americana y la corbata en verano o comer en restaurante de entre 8 y 12 euros. El Govern está estudiando una rediseño del uso de los vehículos oficiales. Se creará una 'Unidad' de vehículos que no estarán asignados automáticamente a un conseller. Cada conseller o alto cargo pedirá el vehículo cuando lo necesite. Ahora, los coches están asignados a conselleries. También está previsto un mayor control sobre los móviles. No se 'espiarán' las llamadas pero sí se dictarán normas recordando el carácter público de los teléfonos. Estas medidas se irán poniendo en práctica poco a poco y sin demasiada publicidad. De hecho, varios consellers llegaron ayer al Parlament a pie. La imagen de coches aparcados en la puerta se considera ahora 'inconveniente'.