El administrador del Grupo Playa Sol (GPS) de Ibiza, el hotelero Fernando Ferré, a quien el juez decretó ayer su ingreso en prisión por un fraude fiscal de 14,5 millones de euros, compró cuarenta hoteles en Ibiza, Mallorca y Praga por valor de mil millones de euros.
El grupo hotelero, que explota más de diez mil camas, tiene un volumen de negocios cercano a los 36 millones de euros anuales, pero no ingresó cuota alguna correspondiente al Impuesto de Sociedades ni al IVA, ha informado hoy la Agencia Tributaria.
Para eludir la tributación, de acuerdo con la información facilitada por Hacienda, el grupo GPS usaba más de trescientas sociedades diferentes a las que cambiaban constantemente de domicilio con el objeto de dificultar la adjudicación del beneficio empresarial a cualquier sociedad.
Según la investigación, el hotelero Fernando Ferré, de 66 años, habría defraudado cuotas que superarían los 7,5 millones de euros en el Impuesto de Sociedades y de 7 millones de euros en el IVA.
Los hoteleros Fernando Ferré Cardó y su hijo Fernando Ferré Garnacho, de 30 años, que dirigen el Grupo Playa Sol (GPS), fueron detenidos el pasado viernes en Ibiza por fraude fiscal, blanqueo y falsedad documental en el marco de la denominada «operación Trueno», dirigida por la Fiscalía Anticorrupción.
El juzgado de instrucción número 4 de Ibiza decretó ayer por la mañana prisión provisional sin fianza para Fernando Ferré, tras tomarle declaración en el hospital en el que fue ingresado y cuando sea dado de alta en el centro, en el permanece bajo vigilancia policial, se ejecutará su ingreso en prisión.
El hijo del hotelero fue puesto en libertad tras su detención a la espera de ser citado a declarar por el juez.
Según la Agencia Tributaria, todos los posibles delitos cometidos «han sido planificados y controlados, supuestamente, por una sola persona», en alusión a Fernando Ferré Cardó.
Junto a la explotación de los hoteles, el grupo de sociedades creadas por el Grupo Playa Sol compró cuarenta hoteles por un valor de mil millones de euros, para lo cual constituyó un alto número de sociedades participadas por otras sociedades andorranas, que aportaron elevadas sumas de divisas para la financiación, lo que sería constitutivo de un posible delito de blanqueo de capitales y autoblanqueo.
Junto a estas actividades ilícitas, la Inspección de Trabajo ha detectado «múltiples delitos a gran escala» contra los trabajadores y fraude en las cuotas de la Seguridad Social.
Además, el grupo hotelero constituyó varias empresas de trabajo temporal en la República Checa para contratar trabajadores de nacionalidad rumana que trabajaban de manera irregular en los hoteles.
En la operación «Trueno» han participado 26 funcionarios de la Agencia Tributaria, siete inspectores de Trabajo, dos fiscales anticorrupción, la fiscalía de Ibiza y la brigada de delitos económicos de la policía judicial de Baleares.
La investigación se inició a raíz de un informe de denuncia de la Agencia Tributaria presentado en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, según Hacienda.
También la Inspección de Trabajo comunicó a la Fiscalía de Ibiza la posible comisión de delitos de tráfico ilegal de mano de obra y de fraude a la Seguridad Social.