La Asamblea General de la Federación Hotelera de Eivissa y Formentera firmó ayer un comunicado tajante ante el «trato de favor» que se le está dando a la cadena Grupo Playa Sol. Por ello, instan al Consell d'Eivissa a que deje de reunirse con el administrador judicial y aplique la ley de forma inmediata. «Lo único que interesa es legalizar por la puerta de atrás y cobrar según el decreto Nadal-Barceló. Se les ha hecho la boca agua haciendo las cuentas: más de ocho millones de euros», apunta el comunicado, en el que se cuestionan si sólo se trata de cobrar «de un multimputado y delincuente confeso».
Asimismo, la Federación señala que ya están «hartos» de la situación y piden al juzgado que exija a la administración judicial el más estricto cumplimiento de la ley. «Es inconcebible que el administrador judicial manifieste que su plan de viabilidad incluye la posibilidad de seguir vendiendo oferta ilegal y con publicidad engañosa», apuntan en el comunicado. Desde la patronal señalan que más que presentarse como acusación particular, «deberíamos presentarnos como perjudicados», aunque recalcaron que no se lo habían planteado.
El oportunismo del PP
El sector no sólo arremete contra el actual equipo de gobierno sino que sus exigencias las hace extensibles a las dos últimas legislaturas: «La preocupación del PP por los puestos de trabajo en el grupo hotelero delincuente sólo se puede clasificar de oportunista y corta de miras. ¿Por qué se ha abstenido el grupo popular cuando se han propuesto sanciones en el Consell Insular?».
La Federación indica que la clase política se debería preocupar de los trabajadores «que sufren la competencia ilegal de este grupo y de la estafa que su funcionamiento supone para Eivissa, sus turistas y para el resto del sector». De hecho, cuestionan si se cumplen los requisitos para que las pólizas de seguros, «en caso de que existan», abonen indemnizaciones a las víctimas en caso de flagrante incumplimiento de las normativas, recordando el incendio que hubo en uno de los establecimientos de Grupo Playa Sol hace ahora un año.
El reelegido presidente de la Federación Hotelera, Juanjo Riera, señaló que son «escépticos» ante la actitud de los políticos: «Lo que nos sorprende es que en las dos últimas legislaturas a este grupo empresarial apenas se le ha inspeccionado». «A Grupo Playa Sol se le ha intervenido por temas tributarios y laborales, todos de competencia estatal. Si no hubiese sido así, hubiese continuado igual», recalcó, a la vez que señalaba que el grupo «parece que tiene buenos padrinos». En esta línea, explicaron que a pesar de que es muy fácil hacer leña del árbol caído, «nuestras denuncias de los últimos años no han servido para nada, aunque no sabemos si ha caído este árbol [en referencia a Fernando Ferré]». La patronal apunta que para «escarnio final, sólo nos faltaría leer que el Govern balear contribuye a la financiación de este grupo a través de los créditos ISBA (la Sociedad de Garantías Recíproca)».
Tras todas estas críticas, exigen que si algún hotel GPS no puede cumplir con la ley que se cierre. «Los clientes irán a otros establecimientos cuyos trabajadores tienen condiciones que cumplen la ley; los empleados encontrarán trabajos legalizados allí donde vayan los clientes y los establecimientos que por su situación legal sean susceptibles de continuar, que sigan bajo estricta supervisión, con toda normalidad», concluyen.
«Estamos hartos de la política de reuniones para conformarnos»
Desde la Federación Hotelera apuntaron que están hartos de la «política de reuniones para conformarnos». En este sentido, señalaron que asisten a muchas reuniones con los diferentes responsables políticos y «sólo nos reúnen para conformarnos y si luego pasa algo dirán que nosotros estábamos de acuerdo». En esta línea señalaron que tienen vocación de ser una patronal «lo más apolítica posible» y apuntaron que, en ocasiones, los políticos «nos quieren tomar por idiotas y hacen una estrategia para conformarnos», insistió Riera. «La Federación está indignada con que a Menorca se le haya dado nueve millones de euros para la promoción. Queremos que a Eivissa se le dé su parte proporcional, es decir, 14,4 millones de euros», reivindicaron.
El sector, señalaron, estará conforme con los responsables políticos cuando la Isla tenga un presupuesto adecuado para la promoción turística o «cuando tengamos un transporte aéreo adecuado y a buen precio». Para finalizar, Riera criticó que el problema de este país es que ha habido mucho «despilfarro y derroche» en las administraciones, «y ahora la estrategia es subir el impuesto turístico que perjudicará al consumo, a los trabajadores y a la recaudación», apostilló.