El abogado de la asociación de vecinos de Santa Gertrudis y de una parte importante de los expropiados de la carretera de Sant Miquel afirmó ayer que muchos de ellos no han querido cobrar el dinero de la ocupación previa por estar en desacuerdo con la cantidad que se les ha asignado. Bartolo Ramon explicó que además, muchos de ellos acudirán al jurado de expropiación para conseguir que se revise el precio que les ofrecen desde la Administración y así conseguir una mayor valoración de sus bienes. «Muchos recurrirán a los tribunales, hay que recordar que la asociación de vecinos tiene interpuesto un contencioso contra el carril bici», indicó Ramon, que asegura que el conseller de Mobilitat, Albert Prats, les dijo que el carril bici se haría «tanto si queríamos como si no». «Es una imposición, hemos recogido más de mil firmas en contra del carril bici», añadió el letrado.
Respecto al trato del Consell hacia los expropiados, el abogado reconoce que los funcionarios son «muy correctos y educados», pero los afectados siguen estando «en contra de la expropiación, hagan lo que hagan».
Ramon también lamentó que los responsables políticos no hayan venido a dar demasiadas explicaciones. «Albert Prats dijo que se haría de todas formas y esto me parece una hipocresía viniendo de una persona que dijo que no habría más imposiciones con las carreteras; ahora a nosotros nos toca sufrir esto», añadió el abogado, que aseguró que habrá movilizaciones y que vigilarán que los trabajos de construcción de la vía se hagan correctamente.
La asociación de vecinos de Santa Gertrudis interpuso un contencioso contra el carril bici pidiendo la paralización de las obras. Por el momento no han recibido respuesta de los tribunales. De hecho, el letrado lamentó que el Consell haya comenzado los trabajos sin esperar a que hubiera una resolución judicial.
También el Ayuntamiento de Santa Eulària ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el carril bici y pidiendo la paralización cautelar de las obras, algo que no aceptó el tribunal. El Consistorio ha recurrido la decisión.
El Consell afirmó la semana pasada que todos los expropiados habían comprado el depósito previo, que representa el 70% de la expropiación. El 30% restante lo recibirán una vez finalizada la obra.