La auditoría de las autovías revela que el Govern ha comunicado a los propietarios de 24 fincas de la carretera de Sant Antoni la posibilidad de devolverles sus tierras a cambio que retornen el dinero que cobraron en concepto de depósito previo. Al parecer la expropiación de todos estos terrenos fue «innecesaria» y por ello se ha informado a sus dueños de que pueden recuperarlas si están interesados en ello. La auditoría explica que el Govern ya ha alcanzado algún mutuo acuerdo para la reversión de los terrenos. Eso sí, recuerda que el dinero se tiene que devolver con intereses.
Actualmente el Govern está en proceso de tramitación de la mayoría de los procesos de justiprecio de la carretera de Sant Antoni. «La mayoría se hacen por convenios expropiatorios, aunque algunos están en fase de determinación contradictoria sin que haya todavía acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación», dice la auditoría, que advierte de que el Govern deberá pagar indemnizaciones por la demora que está sufriendo la tramitación del procedimiento expropiatorio.
Muchos errores
La auditoría remarca que la relación de bienes y derechos afectados por expropiación de la carretera de Sant Antoni contenía «un buen número de errores y deficiencias» que han incidido en todo el proceso. Por ejemplo, había fincas identificadas con una sola cuando en realidad eran varias. También se incluían algunas que en realidad no estaban afectadas y se excluían otras que sí lo estaban. Asimismo, había terrenos con propietarios conocidos por la Administración que aparecían como desconocidos. Estos defectos han conducido a «la vulneración de la obligación de la notificación personal impuesta a la Administración», dando lugar a condenas en los tribunales para el Govern.
La auditoría remarca que no se notificó a propietarios alegando que eran desconocidos cuando el Govern conocía su domiclio, bien sea porque habían presentado alegaciones o porque contaban con su dirección. En dos casos en esta carretera el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha declarado la nulidad de los procesos por ocupación ilegal de los bienes y ha obligado al Govern a indemnizar por un importe de 16.420 euros. En ambos casos se considera que los recursos de casación ante el Supremo tienen escasas posibilidades de prosperar.
Se detectan otras irregularidades, como que en algunos casos hay divergencias entre el cálculo del depósito previo y la superficie finalmente expropiada. Asimismo, la práctica totalidad de los depósitos previos fueron consignados en la Caja General y no constan apenas indemnizaciones por rápida ocupación. Asimismo, la auditoría remarca que hubo que requerir el auxilio de la fuerza pública en algunos casos, pero no detecta irregularidades en la solicitud de ese auxilio, al menos de lo que se infiere en la documentación disponible. La petición fue hecha por el delegado del Gobierno tras apreciar «resistencia física» a la ocupación.
Hubo una «desidia y falta de rigor» en el proceso que tendrá un coste para el Govern
La auditoría aprecia que en la mayoría de los casos los expropiados fueron notificados correctamente, aunque la existencia de algunos casos en los que el proceder fue «defectuoso» revelan una «desidia y falta de rigor», por parte del Govern, «imputable en buena medida a los defectos del proyecto de construcción». Esta forma de actuar «no debería haber tenido lugar» y puede tener un coste económico importante para la Administración.
Por otro lado, la auditoría detecta otra irregularidad, y es que el acuerdo de declaración de urgente ocupación no hacía mención alguna a la retención de crédito, lo que incumple la ley de expropiación forzosa, según la auditoría.
AFECTADOS. La auditoría aprecia fallos en la notificación a los expropiados, lo que supone una ilegalidad. También hay actas sin firma, aunque se supone que deben ser «meras fotocopias».
FALLOS. La omisión de hoja de depósito previo a la ocupación es una vulneración grave de la ley. También constituye una irregularidad la no presencia de perito.
AUSENCIA. Hay un buen número de fincas cuyas hojas de depósito previo no se levantaron. La mayoría son expedientes vacíos o no encontrados, pero también hay otros en los que sí consta citación.