El artículo 14 de la ley 10/2010 de 27 de julio de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de ordenación territorial, urbanismo y de impulso a la inversión, es decir la más conocida como ley de sa Coma, trata los supuestos de los edificios e instalaciones fuera de ordenación. «El 100% de todo lo construido», según alertó la representante del GEN, Neus Prats.
Y es que en uno de los apartados de la normativa se especifica: «Aquellas edificaciones o construcciones implantadas legalmente o en las que se hayan ejecutado obras de ampliación o de reforma sin contar con licencia o con licencia que haya sido anulada, también estarán en situación de fuera de ordenación».
Así, se incluyen todo tipo de edificaciones, tanto las que se construyeron de forma regular como aquellas que no solicitaron licencias para realizar las ampliaciones, según alerta Prats, que acusó a la normativa de ser «una muestra más de la incompetencia de los que gobiernan en mayoría en el Parlament, que son Unió Mallorquina y Partido Popular, y que son los que aprobaron esta enmienda».
Una ley «chapuza»
Este articulado, en el que también caben otros supuestos para desclasificar «aquellas edificaciones o construcciones ejecutadas sin licencia o con licencia anulada aunque haya transcurrido el plazo de prescripción de la demolición aplicable en cada caso», fue incluida en el último momento y fue presentada por UM y aprobada con los votos del PP.
«Todas aquellas edificaciones que se hicieron legalmente o las que hicieron ampliaciones sin licencia están fuera de ordenación y es alucinante», matizó Prats, que critica que después «los que presentan y aprueban esta enmienda son los mismos que quieren ir a dar clases de ordenación territorial explicando el PTE», en referencia a los populares.
La representante del GEN calificó la normativa una «ley chapuza, absolutamente ridícula y lamentable» y apostilló que la sociedad de las Islas está en manos de una «colla de irresponsables e indocumentados» y apostó por contar con «técnicos expertos en urbanismo, que entiendan de ordenación territorial, que no sean partidistas ni demagogos». Además, Prats instó a implantar una política de ordenación del territorio «como Dios manda y para todos igual».
Y es que, tal y como se advierte desde el GEN, esta ley, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 26 de agosto, es de carácter balear con lo cual, de no cambiar el redactado o el articulado, quedaría fuera de ordenación todo lo construido hasta el momento en la Comunitat Autónoma.
Miquel Ramon: «La redacción de la normativa podría ser mejor»
El conseller de Politica Urbanística, Miquel Ramon, apuntó ayer a este periódico que a pesar de no ser un «experto» en la Ley de sa Coma, «creo que se están haciendo interpretaciones erróneas». Aún así, Ramon explicó que la redacción «podría ser mejor», tanto en este apartado como en el que hace referencia a los urbanizables de Platja d'en Bossa, Cala Tarida y ses Variades.
Aún así, Ramon apuntó que se trata de una enmienda que se introdujo «en el último momento» y con «poco rigor jurídico». «En todo caso habría que hablar con los que presentaron (UM) y votaron esta enmienda (PP)», puntualizó el conseller.
Aunque señaló que no existe un estudio sobre la redacción de la normativa, Ramon apuntó que se profundizará más en el redactado de la misma: «Supongo que no tendrían esta intención», indicó.
«Los cambios del PTE son insuficientes»
La representante del GEN, Neus Prats, se mostró sorprendida ante la redacción del articulado de la ley de sa Coma y el hecho de que el PP «vaya por la isla explicando el Plan Territorial d'Eivissa (PTE), cuando es el mismo que aprobaron ellos», criticó. Y es que según indicó, las modificaciones del PTE son «concretas, puntuales e insuficientes». «Parece mentira que se pongan [los populares] así con un PTE, que es el mismo que antes, el mismo que hicieron ellos pero con cambios mínimos. Es una lástima porque el Plan Territorial necesita cambios en profundidad, uno nuevo», explicó. Asimismo, también criticó las declaraciones de las patronales al apuntar que los argumentos que utilizaron «se los han escrito» y lamentó que los representantes de la sociedad de Eivissa «no piensen en la responsabilidad que tienen».