El PP organizó ayer por la tarde un foro de debate (Canvifòrum) sobre territorio y medio ambiente en el Palau de Congressos de Santa Eulària en el que una serie de expertos aportaron ideas para el futuro programa electoral de los populares. Entre las principales aportaciones de los ponentes destacó la necesidad de clarificar la normativa urbanística que existe en Balears, contribuir a simplificar los trámites y tener más en cuenta a algunos colectivos, como los agricultores, a la hora de elaborar normas territoriales, ya que son ellos quienes se encargan de «cuidar el terrritorio».
Jerónimo Saiz Gomila, ex conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, lamentó que a estas alturas Balears sea la única Comunidad Autónoma que no cuenta con una ley del suelo, lo que provoca una «fuerte inseguridad jurídica», además de que se da la circunstancia de que la mayoría de planeamientos urbanísticos de los municipios no están adaptados a los Planes Territoriales. Todo ello, según Saiz, provoca una gran dificultad a la hora de interpretar las normativas. Por ello, instó al PP a abordar esta cuestión con «seguridad y precisión».
El presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, se comprometió a que si gobierna impulsará una ley del suelo consensuada para dotar de seguridad jurídica la compleja situación actual. «Queremos que sea una normativa no farragosa, que conlleve más agilidad y que no sea intervencionista», indicó Bauzá.
El debate contó con la presencia de una ex ministra de Medio Ambiente del Gobierno Aznar, Elvira Rodríguez, quien aseguró ser contraria a los «mensajes apocalípticos» de muchos ecologistas, porque el «hombre no es ningún problema a resolver, ya que un mundo sin hombres no sería mundo». Eso sí, consideró vital el respeto al medio ambiente para poder seguir creciendo sin agotar los recursos. También se mostró contraria a las prohibiciones que se hacen en parques naturales de actividades que históricamente ha desempeñado el hombre y que sirven para que el territorio se mantenga.
Saiz también incidió en que la Comissió balear de Medi Ambient «entorpece» muchos trámites urbanísticos, como también lo hace la lentitud de las diferentes administraciones a la hora de emitir informes. Rodríguez también abogó porque la evaluación ambiental estratégica se haga «una sola vez» para que en Eivissa se pueda «vivir y trabajar, pero durante años».
Más atención a los agricultores
En el debate también participó el presidente de Asaja Balears y empresario agrícola, Biel Company, quien pidió a los políticos que les tengan más en cuenta a la hora de elaborar las normativas urbanísticas. Company se quejó de la pérdida de valor del suelo rústico, de que sea más fácil hacerse un chalet que una instalación agrícola y de que se traslade el modo de vida urbanita a los pueblos. El representante de Asaja recordó que ellos cuidan los campos, algo en lo que coincidió Rodríguez, que advirtió que muchos incendios se producen porque las parcelas no se cultivan. El ex conseller Josep Juan Cardona intervino desde el público para defender el papel de estos profesionales en la elaboración de normas urbanísticas.
Marienna Sánchez-Jáuregui: «El nuevo PTE era una barbaridad»
La especialista en Derecho Urbanístico y ex cargo del PP Marienna Sánchez-Jáuregui destacó que el PTE elaborado por PSOE-ExC, ahora retirado por Tarrés, era una «barbaridad». Según Jáuregui, no se trataba de una pequeña modificación sino de una gran revisión que «no protegía la tradición ibicenca» de vivir en el campo. Sin embargo, lo peor, según ella, era una norma de carácter retroactivo que dejaba en papel mojado muchos proyectos ya encargados, además de que se dejaban viviendas fuera de ordenación. «Ahora se ha corregido, pero ha generado mucha inseguridad jurídica», destacó esta experta, que cree que los ayuntamientos deberían poder reformar sus planeamientos con más agilidad. Jáuregui se mostró partidaria de que se proteja el suelo rústico, pero que se reconozca lo que ya está construido. En el mismo sentido se pronunció Saiz, que cree que hay que legalizar núcleos que en su día se hicieron ilegalmente.
Bauzá criticó que el PTE no se adaptaba a las peticiones de la sociedad, algo que se «evidenció» con la dimisión de Miquel Ramon, lo que demostró que el del Consell «es un gobierno débil».
S'anchez Jáuregui dice una verdad como un templo. Convendría legalizar lo que se ha sonstruído, siempre que no se trate de una aberración urbanística. Lo hizo un alcalde de Sant Antoni, el maestro señor Torrens, en los años 70, conocido por su rectitud y ejercicio del poder, con la urbanización entonces ilegal Stella Maris construída en el municipio de Sant Antoni, entonces San Antonio Abad. Y sus propietarios del gran complejo turístico, ante el reconocimiento legal de su existencia, se vieron obligados a pagar impuestos al Ayuntamiento. Muchísimas construcciones ilegales seguirían hoy el mismo camino.