La Fiscalía Anticorrupción y agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional interrogaron ayer a los principales imputados en la 'operación Mar Blau', la supuesta trama organizada en torno a la adjudicación irregular de concursos en los puertos de Balears, entre ellos, al presidente de la Autoritat Portuària, Francesc Triay, y el director de ese organismo, Àngel Matías. Hoy está previsto que sea el turno de declarar del ex presidente de la Autoritat Portuària Joan Verger.
También, prestaron declaración en la sede de la policía y en calidad de inculpados Manuel Nadal de Uhler, un directivo muy vinculado al deporte de la vela, y Juan Carlos Rodríguez Toubes, apoderado de la empresa Trapsa Yates, piedra angular en la causa, ya que se hizo con la concesión sospechosa de la marina del puerto de Maò.
En los próximos días serán citados también como imputados el presidente y vicepresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, dada su vinculación con el consejo de administración de Trapsa. La causa es competencia del Juzgado de Instrucción 8 de Palma y el juez Antoni Rotger ha decretado el secreto del sumario.
Defensa
Según fuentes próximas a la 'operación Mar Blau', todos los imputados rechazaron de manera categórica haber cometido los delitos incluidos en la querella de Anticorrupción, y que son cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública y estafa, entre otros.
En la 'operación Mar Blau', que instruye desde hace dos años el Juzgado de Instrucción 8 de Palma, se investiga, entre otras cosas, un supuesto amaño en la adjudicación de dos concursos por parte de la Autoridad Portuaria de Balears en Maò y en Eivissa.
En el primero de ellos, las supuestas irregularidades fueron denunciadas por el ex presidente del Club Marítimo de Mahón, Luis Barca Mir, que habría grabado conversaciones entre Verger y Matías sobre un hipotético trato de favor a Trapsa Yates.
En Eivissa, los indicios apuntan también al concurso de concesión de los amarres del puerto deportivo Ibiza Nueva, actual Marina Ibiza, que Trapsa se adjudicó con una sociedad participada junto al empresario ibicenco Alonso Marí que, posteriormente, se hizo con el control total de la entidad al adquirir la parte de sus socios. Ayer no hubo detenciones.
Los amarristas de Ibiza Nueva denunciaron por coacción
La Asociación de Titulares de Puestos de Atraque de Ibiza Nueva, ahora Marina Ibiza, denunció en su momento la adjudicación de las obras del puerto por un presunto delito de coacción. «Nuestra querella [ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa] se debe a un presunto delito de coacciones y de estafa contra los miembros de la asociación», explicó su presidente, Manuel Salgado. Y es que, según apuntó, en el momento en que se otorgó la concesión se fijó un canon muy alto, «que se puede considerar de sospechoso». «Esto hace que las primeras víctimas sean las embarcaciones de base [estancia autorizada por seis meses o más] porque en aquel momento son las que menos pagamos y a través de esta maniobra, que se consideró coactiva, se pretende disminuir nuestros derechos y aumentar la cantidad a apagar», explicó Salgado. Asimismo, también calificó de «irregular» el hecho de concederle a la empresa adjudicataria un permiso de ocupación temporal para poder iniciar la gestión de la nueva concesionaria. Para el colectivo, que la justicia verifique las concesiones supondría «mejorar la situación de los amarristas». Además de la querella en Eivissa, el colectivo también se personó en la causa abierta en el Juzgado número 8 de Palma.