La titular del Juzgado número 3 ha decretado el sobreseimiento del caso que investigaba si había responsabilidades penales en la construcción del edificio Residencial Punta Pinet, en la zona de Cala de Bou. De esta forma, la jueza se acoge a los razonamientos del fiscal, quien solicitó el archivo provisional porque no apreció prevaricación en la actuación del Ayuntamiento de Sant Josep.
La magistrada afirma, no obstante, que si el Ayuntamiento de Sant Josep decidiera derribar las viviendas debería comunicarlo inmediatamente al Juzgado. El fiscal ya advirtió en su día de que si se producía esta demolición se debería reabrir la causa.
Segregación
Según relató la Fiscalía en su día, los hechos tienen su origen en una segregación de fincas que se autorizó indebidamente, con lo que mantener la licencia de obra también fue ilegal. En ese momento, el Ayuntamiento debería haber detenido las obras o declarar la nulidad de la segregación o de la licencia de obras.
Todo ello no se produjo y es entonces cuando una sentencia de la Sala de lo Contencioso estimó el incumplimiento de retranqueos y ordenó el inicio de un expediente para restaurar la legalidad urbanística y demoler las viviendas. Aquí es donde actuó el Ayuntamiento de Sant Josep, entonces gobernado por el PP. Redactó un convenio urbanístico para arreglar el asunto que se basó en un estudio de detalle. Ambos instrumentos, según Fiscalía, son «ilegales».
Pese a ello, el Ministerio Público no consideró que hubiera delito de prevaricación, ya que no haber cumplido la sentencia se podía deber tanto a inactividad judicial, como al hecho de que nadie pusiera en su conocimiento los actos que se estaban llevando por las partes.
En este asunto había otra vertiente a investigar, que era la ocultación por parte de Anglobalear SL a los compradores de pisos de que las viviendas estaban inmersas en un procedimiento judicial. Sobre la estafa tampoco se puede dirimir si no se sabe si las viviendas se van a derribar.
En su auto, emitido a principios de febrero, la juez indica que se entiende la inexistencia de responsabilidad penal por los actos, omisiones o errores cometidos en relación a los hechos objeto de la causa, sin perjuicio de las acciones que pudieran ejercitarse en el orden civil o disciplinario.
Las acusaciones particulares formularon oposición al sobreseimiento instado por el fiscal, solicitando la continuación de la causa.
A la espera de si procede o no la demolición
El Ayuntamiento de Sant Josep está pendiente de que los tribunales indiquen de qué forma se tiene que restituir la legalidad en el Residencial Punta Pinet. Según explicó ayer el concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats, desde el Consistorio iniciaron en su día el procedimiento para revisar la legalidad de la licencia y habían propuesto diversas alternativas sobre cómo había que hacerlo. Todavía están pendientes de recibir una respuesta.