El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a petición del Ministerio de Fomento, un acuerdo por el que autoriza la creación de la sociedad mercantil de Aena Aeropuertos, con la que arranca el proceso para la privatización del 49% de AENA y que culminará con la anunciada concesión de los dos principales aeropuertos de la red, Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.
Aena Aeropuertos no comenzará a ejercer de forma efectiva sus funciones y obligaciones hasta que se determine por orden ministerial, una vez se haya delimitado el personal y el conjunto de bienes, derechos, contratos, expedientes y obligaciones de AENA que vayan a ser asumidos por la nueva sociedad, informó Fomento.
La totalidad del capital social de Aena Aeropuertos S.A. corresponderá inicialmente a AENA que podrá vender una parte, aunque conservará la mayoría de dicho capital.
Tal y como estaba previsto en el Real Decreto Ley 13/2010, a la nueva sociedad mercantil se le atribuirá el conjunto de las funciones y obligaciones que actualmente ejerce la entidad pública en lo que se refiere a la gestión y explotación de los servicios aeroportuarios en los 47 aeropuertos de la red.
Según el nuevo modelo aeroportuario planteado por el Ministerio de Fomento, el primer paquete de las primeras 13 torres de control --Alicante, Valencia, Sabadell, Ibiza, Jerez, Sevilla, Melilla, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, A Coruña, Vigo y Cuatro Vientos (Madrid)-- podría comenzar a liberalizarse a finales de abril, una vez publicados los pliegos de los contratos.
A partir de 2012 se liberalizará el resto, excepto los aeropuertos que tengan servicio AFIS o control militar por tratarse de bases aéreas abiertas al tráfico civil. De esta forma, el control de tráfico aéreo pasará a ser un servicio aeroportuario prestado por una empresa certificada en cada aeropuerto, mientras que el control de aproximación y ruta lo seguirá prestando el gestor público.
Con ello, Fomento buscar mejorar la eficiencia en la gestión de la red, promover la competitividad entre aeropuertos y agilizar las decisiones de la mano del carácter mercantil de la nueva sociedad. La reforma contempla además la participación de las CC.AA., administraciones locales y el sector empresarial territorial a través de las Cámaras de Comercio.
Por el momento, Ferrovial, ACS, Indra, FCC, Saerco y Gesnaer han confirmado su intención de presentarse al concurso. Las empresas candidatas tienen de plazo hasta el próximo 17 de marzo para presentar sus solicitudes. La selección de nuevos proveedores llevará unos siete meses y la habilitación de los nuevos controladores, otros tres más, por lo que este proceso podría durar un año.
El proceso de adjudicación de los 13 primeros aeropuertos se hará mediante la modalidad de procedimiento negociado, que constará de tres fases: concurso de licitación, acreditación de los requisitos necesarios y finalmente, la ronda de negociación y la adjudicación en tres lotes.
En un primer lote, se sacará a concurso el servicio de control en los aeropuertos de Alicante, Valencia, Ibiza y Sabadell; en un segundo lote las torres de Sevilla, Jerez, Vigo, A Coruña, Melilla y Madrid-Cuatro Vientos y en un tercer lote las de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, pudiendo optar a todos o a alguno de ellos una o varias empresas.
El Gobierno cifra en 8.906 millones de euros el valor de mercado del 49% de AENA que será privatizado como parte del nuevo decreto de medidas económicas aprobado por el Ejecutivo. No obstante, esta cifra se diluye hasta los 2.707 millones si se descuenta la deuda del organismo.
AENA pretende que los ingresos de la operación se destinen a reducir a la mitad la deuda que arrastra el gestor aeroportuario, que acumula un pasivo de 12.000 millones de euros, de forma que entre en beneficios en 2014.
Por otro lado, miles de trabajadores de AENA se manifestarán mañana en Madrid en contra de la privatización, convocados por los sindicatos CC.OO., UGT y USO que representan a los 12.500 trabajadores del ente, excluidos los controladores.
Está previsto que anuncien la próxima convocatoria de paros. Temen que a Barajas y El Prat le sigan otros aeropuertos, por lo que reclaman «garantías» de cara a futuras concesiones por entender que la ampliación del actual convenio de AENA al grupo y las futuras filiales no ofrece suficientes garantías a los trabajadores ante la entrada del capital privado.