El conseller de Economía y Hacienda, Carles Manera, ha revelado este martes que el Ejecutivo balear está «estudiando» pasar los 170 entes públicos con los que contaba la comunidad en el año 2007 a «poco más de una treintena», si bien ha admitido que se trata de un proceso complicado que debe ser negociado con los agentes sociales.
Durante una interpelación del PP sobre las deficiencias detectadas en las auditorías a diversos entes instrumentales del Govern, Manera ha detallado que éstas se pueden agrupar en tres bloques: las que versan sobre fondos negativos, las que son excesos de gasto respecto al presupuesto y las irregularidades en relación a la Ley de Contratos.
Así, en el primer grupo ha indicado que hay cinco, mientras que en 14 entidades ha habido exceso de gasto, lo que no supone «demasiada diferencia» en relación al anterior Govern, situación que, según el conseller, también se repite en el caso de las deficiencias respecto a la Ley de Contratos, pese a que el actual Ejecutivo autonómico ha debido aplicar una ley «más estricta» y con mayores «requerimientos».
Además, ha afirmado que habido cinco fundaciones en las que ha habido fondos propios negativos (frente a las siete que hubo en 2007), y en seis consorcios (12 en el 2007).
Por su parte, la diputada 'popular' Mabel Cabrer ha detallado las «ilegalidades» que, según su partido, han cometido las diferentes empresas públicas como el Consorcio Turisme Jove, Illesport, Caib Patrimoni, Serveis Ferroviaris de Mallorca, Ibavi o Ibanat entre muchas otras. Por ello, se ha preguntado dónde se encuentra la política del Govern de control al sector instrumental.
Buen camino para la situación económica
No obstante, Manera le ha respondido que el Ejecutivo autonómico ya ha iniciado su tarea de reducción del sector público en relación al «sobredimensionamiento» que éste tenía en la anterior legislatura. Sin embargo, el conseller ha admitido que todavía hay unos «resultados insuficientes», pese a que ya se está «en camino».
«Hemos puesto los mecanismos, los instrumentos y en las auditorías se ha sido mucho más exigentes», ha remarcado Manera, quien, en relación a la presunta corrupción, ha dicho que le «resulta difícil entender» que el anterior Govern no pudiese «intuir» todos los casos que tuvieron lugar entonces.
Además, ha remarcado que existen «diferencias notorias» entre esta legislatura y la anterior puesto que del pasado Govern «hay un expresidente, cuatro exconsellers y 40 cargos» implicados en casos de presunta corrupción. Así, ha recomendado al PP a que no ponga a «todos en el mismo saco».
Por su parte, el Bloc ha considerado que el PP tiene «coraje» por tratar estas cuestiones cuando, además, el presidente del PP en Baleares, José Ramón Bauzá, «ha anunciado la continuidad del modelo Matas, como un referente».
El socialista Joan Boned ha criticado que la interpelación del PP «pareciese más un mitin electoral» y ha entendido que la «táctica de defensa» de este partido ha pasado a ser un «supuesto ataque». En este sentido, también ha indicado que mientras este Govern intenta asumir y poner en práctica las recomendaciones que les dicen en las auditorías, el pasado priorizaba su programa electoral por encima de éstas e, incluso, «por encima de la ley».
No obstante, las explicaciones de Manera no han contentado a la 'popular', quien las ha considerado insuficientes. Según ha reiterado, ha habido 40 empresas públicas que han incumplido la Ley de Contratación y «ninguna Conselleria se salva».
José Ramón Bauzá
Durante la sesión plenaria de este martes, también se ha aprobado por unanimidad el informe que determina que Bauzá no está sujeto a ninguna incompatibilidad, así como el informe sobre el cumplimiento del presupuesto del Parlament para el ejercicio 2010.
Por otra parte, se ha aprobado con 53 votos a favor y la abstención de los tres parlamentarios del Grupo Mixto y ex miembros de UM la Ley que regula la participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Baleares, así como su tramitación por la vía de urgencia.
Al respecto, el diputado del Grupo Mixto y ex presidente de UM, Josep Melià, ha entendido que el contenido de la normativa podría ser «más amplio» en relación a una serie de temas como la participación sectorial.