Los sindicatos UGT y CCOO han convocado cuatro días de huelga en el sector del transporte sanitario de Balears, en concreto el 18 y 25 de mayo así como el 1 y 8 de junio, a fin de protestar ante la «pasiva predisposición» por parte de las patronales a la hora de exponer sus pretensiones en la mesa negociadora del convenio colectivo, «sin ser conscientes» de que esta situación puede conllevar a un conflicto laboral que «repercuta en el interés social de la ciudadanía».
En concreto, según han informado desde la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT, las movilizaciones consistirán en no realizar todas aquellas horas que superen la jornada ordinaria de ocho horas de trabajo efectivo diario (turnos de 12 horas diarios), quedándose descubiertas cuatro horas diarias por trabajador.
Salarios
Tal y como ha aseverado el sindicato, desde que se constituyó la mesa negociadora del convenio, las patronales «no están dispuestas a negociar con los sindicatos temas laborales que conlleven subidas económicas ni temas sociales ni organizativo sin coste para ellas».
En este contexto, «lo único que exponen y plantean» es la congelación del convenio actual con una vigencia de dos años, conjuntamente con una cláusula adicional sobre las penalizaciones y recortes económicos que reciben por parte de la Administración «al incumplir las empresas el contrato que tienen con ella, pretendiendo que en el mismo porcentaje que los sancionen a ellos, recaiga dicho descuento sobre los salarios de los trabajadores».
Quejas por externalizar el servicio
Así, desde UGT consideran que el problema «viene dado cuando la administración externaliza un servicio» y convoca un concurso con unos pliegos de condiciones para que las empresas que quieran acceder a la gestión del servicio realicen sus ofertas. «Las empresas vienen realizando ofertas temerarias a sabiendas de que no podrán cumplirlas en el transcurso de los años de adjudicación del contrato», agrega la entidad sindical.
En este sentido, considera que «lo único que les importa es ser adjudicatarias de la gestión y eso recae sobre las condiciones laborales de los trabajadores o sobre la calidad del servicio que recibe el ciudadano».