El Govern ha aprobado hoy un decreto que fija unas ratio mínimas obligatorias de personal de atención en servicios sociales y establece que los ayuntamientos deberán tener un trabajador social y un educador social para una población comprendida entre 5.000 y 7.500 personas, a partir de 2015.
El Consell de Govern ha aprobado hoy este decreto que regula la coordinación de los servicios sociales básicos y establece unos principios mínimos de servicio «para garantizar el mismo trato a los ciudadanos, independientemente de dónde residan», según ha anunciado la portavoz del Govern, Joana Barceló.
Otra ratio mínima que fija el decreto es que deberá haber un auxiliar administrativo a jornada completa en materia de servicios sociales por 10.000 habitantes. El decreto determina además unas líneas de financiación para garantizar que se alcanzan estas ratio.
Según ha explicado Barceló en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el decreto desarrolla la Ley de Servicios Sociales de Baleares y «garantiza que la puerta de entrada de los ciudadanos a los servicios sociales sean los ayuntamientos», desde donde serán derivados hacia el recurso más adecuado a su caso.
Es puerta de entrada municipal serán las «unidades de trabajo social», que son las que deberán cumplir esas ratio.