El portavoz del Partido Popular y presidente de la agrupación municipal de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, valoró ayer la petición del Ministerio Público de archivar el caso de ses Variades criticando «el lento funcionamiento de la justicia».
Pantaleoni aseguró que, con el máximo respeto hacia el poder judicial, «esto es una muestra de la injusticia que crea la lentitud de las resoluciones judiciales». Para el portavoz de los populares, esta petición por parte de la Fiscalía ha provocado que el alcalde en funciones de Sant Antoni, José Sala, no pudiera cumplir sus aspiraciones al ser excluido de todas las listas por la imputación, siguiendo órdenes del presidente balear, José Ramón Bauzá: «Tenía unas legítimas aspiraciones que si se hubiesen cumplido dentro del partido lo hubiesen llevado a otra parte. Lo que está claro es que el lento funcionamiento de la justicia ha hecho que Pepe Sala no pudiese ni jugar la partida y me parece injusto», apostilló Pantaleoni, que indicó que esta situación ha provocado que se «criminalizase» a Sala durante dos años.
Frustración
José Sala, por su parte, se mostró satisfecho ante la petición del Ministerio Público «porque quieras o no, aún no teniendo dudas sobre cuál sería el resultado final, tienes una carga encima». Y es que, según Sala, esta imputación ha supuesto «un poco de frustración en algunas de las aspiraciones que tenía en este tiempo». Aún así, quiso quitarle importancia al asegurar que «no pasa nada porque nuestro candidato ha cumplido ampliamente con las expectativas, pero te quedas con un regusto amargo».
En esta línea, Sala destacó que han pasado tres años y medio «sin haberse practicado ni una sola prueba más, ni una declaración, ni un nuevo testimonio» y criticó que se acuerde ahora «lo que expresamente la Fiscalía ha desestimado en varias ocasiones».
El alcalde de Sant Antoni fue más allá y señaló: «No diré si me siento utilizado o no, pero me parece ilógico e injusto que tengamos que estar tres años y medio para decidir algo que se ha pedido durante todo este tiempo muchas veces con un resultado expreso desestimatorio».
Su sucesora en el cargo, Pepita Gutiérrez, criticó que la Fiscalía decida proponer el archivo de ses Variades el día después de las elecciones. «Hoy en día es muy fácil imputar y muy difícil desimputar; no es normal que un día esté imputado y luego pase todo este tiempo para desestimar el caso porque Sala era uno de los candidatos y al no poder optar te limita los cuatro años», explicó.
La Fiscalía no ve indicios suficientes de prevaricación
El escrito de Fiscalía en el que se pide el archivo provisional del caso ses Variades dice que no hay indicios suficientes de la comisión de los delitos de prevaricación, uso de información privilegiada, negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias que se imputan al alcalde en funciones José Sala, a la exconsellera de Vies i Obres Stella Matutes y a los hermanos Joan Marí Tur y Antoni Marí Tur.
Se acusaba a Matutes de votar a favor del PTI en el que se recalificaban los terrenos de ses Variades, relacionados con empresas de su familia; a Sala por haber suscrito un convenio urbanístico para desarrollar ses Variades y luego votar a favor del PTI y a Joan Marí Tur por votar ese mismo documento, que mantenía como urbanizable el sector sa Plana de Mar de Sant Josep de su familia que luego fue vendido por 9 millones cuando debería haber sido desclasificado.
La fiscal dice que la prevaricación que se imputa a Marí Tur, Matutes y Sala no es tal porque pese a que su voto favorable al PTI suponía «el mantenimiento como urbanizables terrenos en los que tenían intereses privados», el acuerdo no es «manifiestamente contrario» a la ley y no concurre ni la arbitrariedad y la injusticia necesarios para que se considere prevaricación.
En el caso de sa Plana de Mar, Fiscalía recuerda que la ley 10/2003 da cobertura a la clasificiación de este suelo como urbanizable. En ses Variades, se entiende que aunque la modificación de las DOT indicaba que los planes territoriales podían mantener la condición del sector, que era rústico, «es perfectamente lícito interpretar que la ley hacía referencia a que se podía mantener la condición de urbanizable que había tenido antes de pasar a ser temporalmente rústico». Por ello, no ve prevaricación porque en realidad podría tratarse de una interpretación discutible de la ley y no algo manifiestamente contrario.
Matutes también estaba imputada por uso de información privilegiada, pero el Ministerio Público cree que no hay pruebas de que tuviera certeza de que los terrenos iban a ser clasificados como urbanizables y se aprovechara de ello para tener un beneficio económico. En cuanto a Sala, cree que no prevaricó porque el convenio urbanístico no es una resolución.
Fiscalía noocultó el escrito hasta después de las elecciones
La Fiscalía negó ayer que haya ocultado el escrito en el que pedía el sobreseimiento del caso ses Variades hasta después de las elecciones, ya que aseguran que los tiempos políticos no marcan los tiempos judiciales. Desde el Ministerio público indican que pese a que estaba hecho desde hace unos días, se siguió el procedimiento habitual de enviarlo al Juzgado para la posterior notificación a los afectados, de forma que éstos no se enteraran por la prensa de la resolución. Desde Fiscalía destacan la gran carga de trabajo que soportan y que se trata de un caso muy voluminoso. El escrito lleva fecha del 13 de mayo.