Además de deudas con proveedores por 9,5 millones y con la Seguridad Social por 2,1 millones, el Consell d'Eivissa cierra el primer semestre de 2011 con una agujero presupuestario de otros 2,5 millones de euros.
El conseller de Economia, Àlex Minchiotti, dio cuenta ayer en el pleno de la institución de este déficit, calculado a 30 de junio, y aseguró que se debe a que «hay más gastos que ingresos previstos» en los 97,1 millones que la máxima institución insular tiene presupuestados para este año.
Según Minchiotti se está intentando «reconducir esta situación» con un giro de la gestión económica. «Lo que se hacía antes era gastar y después pensar en ajustar los ingresos a los gastos, no se ponía un límite. Nosotros lo hacemos al revés, gastamos en función de los ingresos ciertos que tenemos», explicó el conseller tras el pleno, quien detalló que este «desfase» se debe también a que «la mayoría de las conselleries habían gastado por encima de su presupuesto» y a que el anterior equipo de gobierno había «inflado los ingresos». «Se contaba con que el Govern pagaría pero no ha pagado. Nosotros ya estamos en gestiones para, que sean los ingresos que sean, los presupuestos del año que viene sean realistas y haya una declaración de mínimos, pero segura», agregó.
Por su parte, el presidente del Consell, Vicent Serra, aseguró que este déficit no pone en peligro las nóminas de los trabajadores ni los sueldos del Consorci Sociosanitari.
De hecho, el Consell Executiu aprobó ayer de urgencia una transferencia de 834.793 euros al Consorci Sociosanitari para el pago de los sueldos mientras se mantienen negociaciones con la Conselleria de Salut sobre el futuro del consorcio.
Por otra parte, durante el pleno también se aprobó la solicitud del crédito ICO para pagar deudas con pequeños y medianos proveedores. El mismo iba a ser por un total de 3,6 millones pero el Estado ha rebajado la cifra a 3,19 millones debido a que muchas instituciones de todo el país se están apuntando a este préstamo, cuyo importe total va a subasta. «Según la demanda se va actualizando, de hecho, esta cantidad podría seguir cambiando», señaló Minchiotti.
Rifirrafe por la deuda del Govern entre gobierno y oposición
PSOE-Pacte apoyó el crédito ICO, aunque el conseller Josep Tur Cires recordó que «hay otras vías para conseguir liquidez» y pidió que «sea exigente con el Govern y pida la deuda que tiene reconocida». Esto provocó la crítica de Serra, quien le acusó de «falta de realismo a un mes de haber perdido el gobierno» y después de «una legislatura sin ningún tipo de control en la gestión».
Otras cuestiones
El recorte del Govern no afectará a obras sanitarias, educativas y sociales
El presidente del Consell, Vicent Serra, aseguró ayer que el plan de recortes del Govern no afectará a infraestructuras sociales, educativas y sanitarias, como el nuevo hospital o el instituto de Santa Eulària. «Habrá que ver el nivel de recortes y las repercusiones que puede tener en Eivissa, pero el señor Bauzá ya ha garantizado que serían cuestiones intocables», destacó, e indicó que mantendrá reuniones con el ejecutivo autonómico para conocer más detalles.
La máxima institución disuelve Spoctur y se queda solo con Fecoef
La máxima institución aprobó ayer disolver la empresa pública Spoctur, una decisión destinada, según el conseller Àlex Minchiotti, «a racionalizar estructuras y unir esfuerzos en Fecoef», la segunda empresa pública del Consell, ahora conocida como Activitats per Eivissa. PSOE-Pacte se abstuvo en la votación porque, según la consellera Pepa Marí, la empresa estaba inactiva desde 2010 por lo que «las medidas de ahorro ya se habían tomado».
Rechazada la petición de adecuar el acceso al campo de Sant Rafel
La moción presentada por PSOE-Pacte para que se adecúe el acceso al campo municipal de deportes de Sant Rafel, en una plazo máximo de seis meses, fue rechazada. Según explicó la consellera Pepita Costa, aunque es una prioridad y hay un borrador del proyecto «no se pueden marcar plazos». Por otra parte, el Consell aprobó penalizar a la contratista Caixa Renting con más de 10.000 euros por el retraso en la entrega de cuatro autobombas.