El conseller balear de Administracions Públiques, Simón Gornés, informó ayer de que el Govern tiene una deuda de 31 millones en materia de carreteras, de los que 6,6 millones corresponden a intereses de demora, por el incumplimiento de pagos por expropiaciones en 2010 y 2011. «Nos hemos encontrado, solo en el capítulo de carreteras y concretamente de expropiaciones, con 31 millones de deuda, de los que hay 3,4 millones que corresponden a intereses de demora de Menorca y Eivissa, y otros 3,2 millones de intereses de demora de Mallorca», detalló Gornés en una rueda de prensa ofrecida ayer en Palma.
Según los datos de la Conselleria de Administracions Públiques, de los 31 millones de euros de deuda, 11,5 millones pertenecen a las expropiaciones realizadas para la construcción de las autovías de Eivissa durante la anterior legislatura del PP en el Consell y en el Govern balear (2003-2007).
Las mismas corresponden a 24 fincas expropiadas para la construcción del segundo cinturón de ronda, a siete particulares afectados para la edificación de la variante de la carretera de Santa Eulària (puente y rotonda de Jesús) y a 21 propietarios expropiados para la ampliación de la carretera de Eivissa-Sant Josep. También se suman a la lista 54 dueños de fincas afectadas por el desdoblamiento de la carretera de Sant Antoni y 30 propietarios del acceso al aeropuerto. En total, son 136 los particulares que aún no han cobrado por las expropiaciones.
Durante su comparecencia, Gornés detalló que los pagos se iniciaron en 2004 pero dejaron de efectuarse en 2010, de manera que en los dos últimos años el único pago realizado es por 116.950 euros correspondiente a expropiación para la construcción de la futura balsa de drenaje diseñada para evitar inundaciones en la autovía al aeropuerto.
En este sentido, los datos de la Conselleria indican que en el período 2004-2008 se hicieron pagos en Balears por expropiaciones por un total de 136,02 millones de euros y que en 2009 se pagaron 4,75 millones. Posteriormente, según registra el Govern, solo se pagó la expropiación para la construcción de la balsa de drenaje.
Por su parte, el conseller acusó al anterior Govern, presidido por Francesc Antich, de haber mentido en relación a sus problemas de tesorería, al haberlos negado a pesar de la existencia de esta deuda adquirida durante los dos últimos años. «Es una mentira más del Govern de Antich», afirmó.
Además, criticó que dicho retraso haya provocado que un 21% de la deuda del Govern corresponda «a intereses de demora a consecuencia de que hace dos años que no se pagan las expropiaciones contraídas con los afectados».
El conseller anunció que trabajará para «elaborar un calendario para intentar afrontar los pagos en la medida en que sea posible y con la urgencia que requiere la situación» y señaló que dicha deuda pone en peligro proyectos de futuro que sean competencia del Govern ya que toda la obra nueva «está en proceso de estudio» y dependerá de la situación presupuestaria del año próximo. «Pero no soy optimista al respecto», auguró el conseller.
Reclamará al Estado 333 millones del convenio de carreteras
El conseller de Administracions Públiques, Simón Gornés, también anunció ayer que el Govern reclamará al Ministerio de Fomento los 333 millones que tuvo que adelantar por los convenios de carreteras de 1998 y 2004, después de que el Tribunal Supremo diera la razón a la Comunitat balear.
Gornés explicó que el Supremo dictó una sentencia el pasado 8 de marzo que devuelve la vigencia a estos convenios, que habían sido anulados por la entonces ministra de Fomento, Magdalena Àlvarez, porque entendía que el Govern había iniciado las obras sin respetar plazos y sin contar con su supervisión. Con esta sentencia se ratifica el dictamen de la Audiencia Nacional que en 2008 anuló dicha orden ministerial, pero cuyo contencioso tuvo que continuar el exconseller de Obres Públiques hasta llegar al Supremo. «Haremos lo posible para que la comunidad autónoma pueda recuperar esta partida», afirmó Gornés, que indicó que el primer paso será nombrar a sus representantes en la Comisión Mixta de Programación, Seguimiento y Control, para ponerse a «negociar» el cobro.
Asimismo, el conseller acusó al anterior Govern de Antich, de haber conocido la sentencia desde marzo y haberla ocultado porque «viene a dar la razón a los distintos gobiernos del PP en cuanto a la legalidad de actuaciones sobre los convenios».
La respuesta a esta crítica no se hizo esperar. El PSIB-PSOE reclamó ayer al Govern que exija la convocatoria de una reunión de la comisión bilateral mixta con el Ministerio de Fomento y «deje de buscar excusas para recortar inversiones». En opinión del PSIB, «debería ser el PP quien dé explicaciones de cómo gestionó la construcción de carreteras durante su mandato, poniendo en peligro las inversiones».