El director general d'Ordenació del Territori del Govern, Joan Mesquida, explicó ayer que están analizando jurídicamente caso por caso la protección que instauró la ley progresista 4/2008 en Benirràs, Roca Llisa, Punta Pedrera y Cala d'Hort para dejar construir en algunas zonas que ya cuenten con cierta urbanización y evitar las fuertes indemnizaciones que piden los propietarios.
En total, los dueños de los terrenos piden al Govern 300 millones de euros en compensaciones porque no les dejan construir, pero esto no quiere decir que se les tenga que pagar una cantidad tan importante. «Hay de todo, porque hay valoraciones muy discutibles, que son como una carta a los reyes, y otras más elaboradas», explicó Mesquida, que indicó que entre la ley y el decreto ley previo que también supuso una moratoria para ses Feixes, los propietarios reclaman en el conjunto de Balears 915 millones de euros en indemnizaciones.
Derogación parcial
Para evitar tener que pagar este dinero, el Ejecutivo quiere reformar la ley y por eso está revisando jurídicamente todas las zonas porque no se producirá una derogación total de la normativa, sino solo de algunos puntos. «Sí que es verdad que hay suelos dignos de ser protegidos como dice la ley, pero otros son aparentemente urbanos y es difícil explicar por qué se han protegido», añadió el director general, que no entiende por qué se ha convertido en suelo protegido algunos terrenos con calles, farolas y todos los servicios propios de un suelo urbano. Este caso se da en Roca Llisa, aunque el director general matiza que no todo lo que se ha protegido allí se ha hecho mal, porque también hay una «parte rústica importante». Mesquida matizó que hay que estudiar «con mucho cuidado» cómo cambiar la ley para proteger los terrenos que realmente tienen vocación de ser protegidos. «El tema económico pesa mucho, pero no es solo un tema económico, porque la ley no puede decir que una cosa es rústica si el suelo ya está transformado, no podemos hacer leyes absurdas, es algo que se tendrá que ajustar a la realidad», añadió Mesquida. Además, remarcó que aunque en Benirràs el suelo esté menos urbanizado, sí que hay alguno más consolidado y sentencias previas que consideraban esa zona como urbana. «Habrá que ver si los solares afectados están en el mismo supuesto que los que tienen sentencia favorable, es un tema de una gran complejidad jurídica», añadió el director general.
En Cala d'Hort no discuten la protección y estudian la de Punta Pedrera
«En la ley hay ampliación de zonas ANEI plenamente justificadas, el conflicto está cuando se ha querido proteger terrenos que son claramente urbanos», añadió Mesquida, que indicó que intentarán evitar indemnizaciones, pero seguramente «habrá propietarios que sigan recurriendo a los tribunales».
También aseguró que para estos cambios en la ley están en contacto con el Consell d'Eivissa y garantizó que no se hará «de forma unilateral».