Dicen las personas que mejor conocen el controvertido caso de Ca ses Castellones (la casa payesa que fue derruida en Sant Ferran y sobre la que se levantó un centro comercial) que tal como están las cosas, con una orden firme de demolición y desprotección del terreno en el que se encuentra el centro comercial, se podría dar la paradoja que se haga demoler el complejo, como han ordenado los tribunales, a cuenta de las arcas públicas, se indemnice a los promotores con las arcas públicas y los promotores, con el dinero percibido, vuelvan a construir el mismo centro comercial. Al fin y al cabo no tendrán que encargar un nuevo proyecto, ya lo tienen.
Éste es uno de los absurdos de un caso que tiene en jaque al Consell de Formentera desde hace años y que no tiene una fácil solución. La institución sabe desde principios de septiembre que debe ejecutar la demolición de esta edificación, pero trata de buscar recovecos legales que le permitan evitarlo, como son las Normas Subsidiarias.
No se puede impedir
Según los abogados de Salvador Roig, que siempre ha defendido la ilegalidad de la demolición de la antigua casa payesaMaite Ferrer y Vital Gómez, «el juzgado dictaminó que la aprobación inicial de unas NNSS no puede impedir el cumplimiento de una sentencia y dice que sería diferente si la aprobación de dichas NNSS impidiera la ejecución de la sentencia lo cual no es el caso». Y así lo hace constar claramente la sentencia al decir «sería acaso entonces -pero no antes- cuando cupiera considerar que nos encontrábamos ante norma decisiva para resolver el incidente (...) así las cosas, el Juzgado, sin que tenga relevancia para la presente apelación, ha decidido no plantear dicha cuestión», la inconstitucionalidad del Decreto Ley 5/2009 del Govern balear que permitía la redefinición de los en el caso de que impidiera la ejecución de la sentencia 76/2009, una sentencia firme que debe cumplirse.
Desde principios de septiembre la resolución es firme, no hay posibilidades de recurso y no hay más que proceder a la demolición de los inmuebles.
Gómez señaló que la sentencia no legitima de ninguna manera el Decreto Ley del Govern balear y de hecho «aún podemos plantear en el procedimiento que tenemos abierto contra las NNSS de Formentera por cuenta de Salvador Roig, precisamente por el tema de la redelimitación que hace de la zona de protección en las inmediaciones de la iglesia de Sant Ferran; en cualquier momento podemos plantear el incidente de inconstitucionalidad del Decreto Ley del Govern», dijo Vital Gómez, que considera que es absolutamente ilegal. Y en este sentido la planimetría deja en evidencia que la nueva delimitación de afección patrimonial está especialmente pensada para dejar fuera de la misma el centro comercial.