El conseller d'Administracions Públiques, Simón Gornés, denunció ayer en el Parlament que el Govern del Pacte de Progrés pagó 47.000 euros de sobrecoste al contratar la auditoría de las carreteras de Eivissa. Según explicó, el anterior Ejecutivo adjudicó los trabajos de análisis de las autovías a Gerens Hill por 699.480 euros, cuando la oferta más barata era Vieica-Pricewaterhouse, que se ofrecía por 652.500 euros.
Esta última empresa recurrió a la Justicia y el Tribunal Superior recientemente le ha dado la razón, por lo que además de pagarse 47.000 euros de más en su día, ahora el Govern tendrá que abonar una indemnización porque Pricewaterhouse resultó perjudicada en el concurso, una cantidad que todavía no ha sido estipulada por la Justicia.
El Govern de Antich adjudicó inicialmente los trabajos a la empresa más barata, pero dio marcha atrás porque en el equipo técnico de la empresa figuraba Francisco Tutzó, ex director general de Comercio con el PP. «A pesar de ser la oferta más económica se rechazó por razones de supuesta incompatibilidad de un trabajador suyo que había sido alto cargo del Govern del PP», recordó el conseller, quien añadió que el tribunal ahora ha «echado por tierra estos argumentos». «Se confirma que se ha causado un perjuicio a Pricewaterhouse y, de paso, a todos los ciudadanos de Balears al no adjudicar el contrato a la oferta más económica, por motivos que como mínimo tendrían que calificarse como sectarios y partidistas», añadió Gornés, que cree que el anterior Govern lo hizo porque pensó que «la auditoría no les saldría como ellos querían».
Críticas de Cabrer
El conseller contestó así a una pregunta de la portavoz del grupo popular, Mabel Cabrer, que fue la consellera que en su día impulsó las autovías. Cabrer indicó que en la legislatura pasada los progresistas gastaron «millones» a analizar la gestión del PP («era una prioridad en su gasto público») y ahora los tribunales han determinado que encima adjudicaron una auditoría de forma «ilegal». «No se pretendía que fuera una auditoría objetiva e imparcial, se pretendía un persecución que llegó a extremos casi enfermizos, como esconder informes de la Abogacía de la Comunitat Autònoma que había encargado el mismo Govern porque no decían lo que querían», añadió la diputada, que cree que lo normal en un concurso público habría sido que se diera «de forma transparente». «El ganador, con la oferta económica más buena, no fue del agrado y se hizo decaer la adjudicación con argumentaciones peregrinas, adjudicándose a otro 60.000 euros más caro», añadió Cabrer con unas cifras que luego rebajó el conseller.
Por otro lado, el diputado socialista Nel Martí criticó lo caro que resulta el funcionamiento de las desaladoras y consideró excesivo que Eivissa vaya a tener tres en un territorio tan pequeño, las de Vila y Sant Antoni, ya existentes, y la de Santa Eulària, que está pendiente de inaugurar. «Es una auténtica barbaridad», dijo Martí, que atribuyó esta mala planificación a los gobiernos del PP. Criticó asimismo que esta planta no previera la interconexión con el resto de la red. El conseller Biel Company mostró su «preocupación» por lo que cuestan estas desaladoras, pero recordó que hay que estar preparado en caso de sequía. También indicó que en Eivissa existe un «problema grave» en cuanto a la calidad.
Company: «Se desprotegerá lo que ya está urbanizado»
El socialista Joan Boned preguntó ayer al conseller de Medi Ambient i Ordenació del Territori, Biel Company, por los terrenos que van a desproteger, entre los que podrían estar los de Benirràs, Roca Llisa y Punta Pedrera. «Los terrenos que estamos mirando para retornar a su situación inicial son los que ya tienen calles y están urbanizados», dijo Company. «No se puede urbanizar lo que está protegido por sus valores ambientales excepcionales y tampoco se pueden proteger zonas ya urbanizadas», añadió el conseller, que cree que los progresistas «se pasaron de frenada» al preservar determinados parajes. «No desprotegeremos nada que no sea urbano transformado», agregó. Boned recordó que en su día propusieron al PP quitar la protección de Roca Llisa, pero el PP se negó si no se quitaba también Benirràs.El IB-Salut niega que haya parados sin asistencia
La consellera de Salut, Carmen Castro, negó que haya parados sin asistencia, pese a que el secretario general del Ministerio de Sanidad, Alfonso Jiménez, señaló que en Baelars «han podido darse pequeños problemas». La consellera se refirió al suceso de Eivissa en el que no se atendió a un hombre parado y con VIH como un «caso puntual» y añadió que «el hecho de estar parado no tiene nada que ver, todo funciona normalmente». Por otra parte la consellera estimó ayer que el 70% de la población balear dispondrá a finales de 2012 de la nueva tarteja sanitaria inteligente (TSI).