Las empresas de autobuses agrupadas en Ibizabus aseguraron ayer que no operarrán desde la estación de autobuses del Cetis «hasta que se demuestre al cien por ciento que es un lugar seguro para ciudadanos y trabajadores», según uno de sus portavoces, Javier Luquin. «Esa estación es un agujero que pone en peligro a todos aquellos que estén dentro, aunque la empresa Sagales, concesionaria del Cetis, y el PSOE-Pacte, intenten mostrar su seguridad y eficacia en formato merienda popular con actividades para niños», señaló Luquin.
Para el portavoz de Ibizabus «una jornada de puertas abiertas debe estar encauzada a exhibir el funcionamiento de unas instalaciones de esta índole, con vehículos que demuestren su maniobralidad y vialidad, algo que nunca se ha hecho y que debería llamar la atención de toda la sociedad ibicenca». Según Luquin, otro de los graves problemas para las empresas de trasportes y para los ciudadanos que supondría la puesta en marcha de esta «estación» sería el gravamen económico que implicaría su utilización.
«En resumen lo que le pedimos las empresas de transporte al PSOE-Pacte de Vila es que se dejen de demagogias y de comunicados que desinforman a la sociedad, y que expliquen porqué permitieron que se construyera una estación de autobuses en un agujero sin ningún tipo de necesidad, algo que no se ha efectuado por contraindicaciones periciales en ningún otro lugar del país», finalizó Javier Luquin.
Recomienda a Vila que use su informe
Javier Luquin recordó que el anterior equipo de gobierno del Consistorio de Vila rechazó contemplar las recomendaciones señaladas «por el estudio independiente que encargamos a Pluvia y que fue redactado por peritos de prestigio en el ámbito nacional. Ahora, que contamos con una nueva alcaldesa, confiamos en que sí se tenga en cuenta por su objetividad y contenidos», de hecho, agregó Luquin «le ofrecemos que sea este el informe externo que complete los redactados por técnicos municipales y que constatan las deficiencias de estas instalaciones. De este modo se ahorraría un gasto a las arcas públicas que ya asumieron los propios responsables del sector».