Las mujeres de Balears que hayan sido derivadas a una clínica privada para abortar deberán pagar la intervención de su bolsillo y luego presentar la factura al Ib-Salut, que le reembolsará el importe. Así lo confirmó ayer el director del Ib-Salut, Juan José Bestard, quien defendió que de esta forma no se incumple la ley, ya que ésta obliga a la Administración a «asumir el abono de la prestación», pero no especifica que se realice de forma anticipada.
Esta medida, que es consecuencia de la ruptura del concierto con las clínicas abortistas para ahorrar costes, ha venido acompañada de la polémica y podría tener una complicada aplicación en las Pitiüses, donde la mayoría de las mujeres que abortan lo hacen en clínicas de Palma porque muchas veces estas intervenciones no se pueden realizar en Can Misses por la objeción de conciencia de algunos médicos.
Un portavoz del Àrea de Salut de las Pitiüses confirmó ayer que la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaban en clínicas de Palma, aunque en los últimos tiempos también se ha incrementado el número de intervenciones en Eivissa debido a «la situación socioeconómica, ya que la asistente social si la mujer tiene problemas para ir a Palma dice que se haga en Eivissa».
En principio las interrupciones se realizan en Can Misses si existe riesgo médico y en clínicas privadas de Mallorca cuando son voluntarias, ya que en Eivissa no hay centros privados que ofrezcan este servicio.
Según las estadísticas del Servei de Salut, entre 1998 y 2007, solo el 4,48 de las mujeres pitiusas abortaron en un centro público. Durante esos diez años 3.125 mujeres se sometieron a esta intervención. Unas 200 mujeres se someten a esta operación cada año de media.
Según han reconocido desde Can Misses, en numerosas ocasiones muchos ginecólogos hacen objeción de conciencia en la isla. De hecho, desde el Ib-Salut aseguraron ayer que en Can Misses se realizaron en 2009 dos interrupciones voluntarias del embarazo y en 2010 ninguna.
Desde la Conselleria de Salut explicaron ayer que lo que se quiere priorizar es que estas intervenciones se hagan desde los centros públicos para ahorrar costes, ya que el concierto con las privadas le costó un millón de euros al Govern en 2011. «Solo en el caso excepcional de que no se pueda hacer en el público se irá a la privada y allí se tendrá que pagar por adelantado», explicaron desde Salut.
Bestard indicó que «pagarán todas las facturas» que se les remitan y aseguró que el sistema de antes «rozaba la ilegalidad».
El portavoz del Sindicato Médico en las Pitiüses, Ignacio Fernández, explicó que hace unos años la mayoría eran objetores de conciencia, pero ahora la situación ha cambiado un poco porque hay facultativos nuevos. Consideró que las mujeres tienen «derecho a abortar sin trabas y pegas» y no cree justo que las mujeres tengan que «adelantar el dinero».
EL DATO
440 euros es lo que cuesta una operación con anestesia total. Con local son 340.
Se pondrán ginecólogos «no objetores»
Respecto a la posibilidad de que los ginecólogos del servicio sanitario público balear ejerzan su derecho a la objeción de conciencia para no realizar la intervención, Juan José Bestard precisó que se tratará de atender a todas las mujeres, en primer lugar, desde los centros públicos y, en caso de que los médicos no fueran suficientes, «se pondrán más ginecólogos no objetores».
PSOE-Pacte dice que «roza la ilegalidad»
Pilar Costa, diputada de PSOE-Pacte, aseguró ayer que esta medida «roza la ilegalidad» y es «gravísima» porque el 90% de las intervenciones en Balears se realizan en clínicas privadas. «Lo que se esconde detrás es una decisión ideológica para dificultar al máximo el aborto o incluso impedirlo; roza la ilegalidad, están obligados a dar el servicio», añadió Costa, que considera curioso que el PP, que siempre «hace conciertos con las privadas elimine éste».
PSM-IV-ExM se queja ante el Defensor del Pueblo
El grupo parlamentario PSM-IV-ExM y Més per Menorca envió ayer un escrito al Defensor del Pueblo, al Instituto de la Mujer y al Institut Balear de la Dona pidiéndoles que se pronuncien sobre esta polémica. La diputada Fina Santiago consideró que se trata de una «vulneración del derecho al aborto». «Las mujeres son derivadas con la información de que deben abonar la intervención, unos 380 euros, solicitar factura y entregarla al IB-Salut», señaló.